REGIONAL | 17 JUL 2026
TIERRAS Y SOBERANíA EN PATAGONIA
Patagonia concentra zonas críticas de tierra extranjera
Santa Cruz lidera con 8,1% y el debate por la ley de propiedad privada reabre alertas sobre agua, frontera y recursos.
El debate nacional por la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a poner bajo la lupa la extranjerización de tierras rurales en la Patagonia, una región donde los promedios provinciales no siempre muestran la concentración real en zonas sensibles.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone cambios sobre la Ley 26.737, que hoy fija límites a la tenencia extranjera de tierras rurales. Entre otros puntos, elimina el tope nacional del 15%, el cupo por nacionalidad y restricciones específicas sobre áreas consideradas estratégicas.
Santa Cruz, la provincia con mayor porcentaje
Según datos citados por La Tecla Patagonia, Santa Cruz aparece como la provincia patagónica con mayor proporción de tierras rurales en manos extranjeras: cerca de 1,9 millones de hectáreas, equivalente al 8,1% de su superficie rural.
Le siguen Neuquén, con alrededor de 504.000 hectáreas; Chubut, con una estimación de entre 860.000 y 950.000 hectáreas; y Río Negro, con unas 314.000 hectáreas.
Pero el dato más sensible no está sólo en el promedio provincial, sino en la concentración por departamentos. En Neuquén, Lácar registra porcentajes muy altos de extranjerización. En Chubut, el departamento Cushamen muestra fuerte presencia de grandes grupos privados. En Santa Cruz, Magallanes también aparece como una zona crítica.
Recursos estratégicos bajo discusión
La discusión excede la propiedad formal de la tierra. En la Patagonia, muchas de esas superficies se ubican en áreas de frontera, cordillera, recursos hídricos, minería, bosques y zonas con alto valor ambiental o turístico.
Quienes defienden la reforma sostienen que flexibilizar las restricciones puede atraer inversiones y dar más autonomía regulatoria a las provincias. Sin embargo, los sectores críticos advierten que levantar límites nacionales puede debilitar el control público sobre recursos estratégicos.
El caso del Grupo Benetton, con una presencia territorial estimada en cientos de miles de hectáreas en la región, sigue siendo uno de los ejemplos más citados en el debate.
El punto de fondo es político: la tierra patagónica no es sólo un activo económico. También implica agua, frontera, ambiente, pueblos originarios, producción y soberanía. Por eso, cualquier cambio legal debería discutirse con información pública, control estatal y garantías claras para evitar que la promesa de inversión termine profundizando la concentración territorial.
