Fullone logró aval de Rosada para cerrar obras paralizadas

El oficialismo nacional incluyó en su agenda legislativa un proyecto impulsado por el senador rionegrino Enzo Fullone para ordenar contratos de obra pública que permanecen abiertos, paralizados o sin recepción definitiva desde hace años.

La iniciativa propone crear un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública, con una duración inicial de 24 meses. El objetivo es cerrar expedientes antiguos mediante acuerdos entre el Estado y las empresas contratistas, a cambio de pagos finales, renuncia a reclamos judiciales y liberación de responsabilidades pendientes.
 

Un sistema bloqueado
 

Fullone, exdirectivo de Vialidad Nacional en Río Negro, sostiene que el país arrastra un problema estructural: obras terminadas, inconclusas o neutralizadas que siguen abiertas administrativamente y generan costos, litigios y trabas para nuevas contrataciones.

El proyecto toma especial relevancia para Río Negro, donde hay obras nacionales sensibles en rutas como la 22, la 23 y la 151, iniciadas entre 2009 y 2021 y todavía atravesadas por demoras, paralizaciones o falta de cierre formal.
 

Cierre administrativo y menos litigios
 

El esquema plantea una lógica de concesiones recíprocas. Las empresas podrían acceder a la condonación de multas, liberación de garantías y salida sin sanciones del Registro de Constructores, siempre que no haya existido dolo o culpa grave.

A cambio, deberán renunciar a reclamos por lucro cesante, mayores costos o acciones judiciales futuras contra el Estado. La clave será una “certificación de cierre”, que fijará una suma final por gastos de mantenimiento, acopios, obradores o vigilancia.

La Casa Rosada le dio luz verde al tratamiento del proyecto dentro de una agenda legislativa de segunda etapa, junto a otras iniciativas como la reforma electoral y cambios en zonas frías.

La propuesta busca resolver un problema real: el Estado no puede seguir acumulando contratos abiertos durante décadas. Pero el desafío estará en evitar que la regularización termine funcionando como un salvataje sin control para contratistas. Si avanza, el régimen deberá combinar cierre administrativo, transparencia técnica y defensa del interés público.