Un informe oficial del Gobierno de Río Negro dejó al descubierto el estado del parque automotor de la Policía provincial: de los 828 vehículos registrados, 219 están fuera de servicio y 609 permanecen operativos.
El dato surge de una respuesta del Ministerio de Seguridad y Justicia a un pedido de informes presentado en la Legislatura rionegrina. La cifra implica que el 26,4% de los móviles policiales no puede cumplir tareas de prevención, patrullaje o apoyo operativo.
El relevamiento incluye autos, camionetas, motos y otros vehículos distribuidos en unidades regionales, comisarías, destacamentos, brigadas rurales y divisiones especiales.
La magnitud del deterioro expone una dificultad concreta: la seguridad no depende sólo de presencia policial, sino también de recursos materiales en condiciones. Un patrullero parado por fallas mecánicas es menos capacidad de respuesta en la calle.
La información llega en paralelo a anuncios oficiales sobre la incorporación de nuevos móviles y equipamiento para la fuerza. Esa inversión aparece ahora como una necesidad urgente, no sólo como una mejora administrativa.
El pedido de informes fue impulsado por los legisladores Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao.
El dato obliga a mirar más allá del discurso de seguridad. Si más de una cuarta parte de la flota policial está deteriorada, el desafío provincial no es únicamente sumar efectivos o endurecer controles, sino garantizar que la fuerza tenga herramientas básicas para trabajar en todo el territorio.