El Gobierno de Santa Cruz presentó este viernes en la Cámara de Diputados el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2026, en cumplimiento de la ley que obliga al Poder Ejecutivo a rendir cuentas dos veces al año sobre el estado de la administración pública.
La exposición estuvo a cargo de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, quien reemplazó al jefe de Gabinete, Pedro Luxen, ausente por motivos personales. La presentación se realizó durante una sesión extraordinaria encabezada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, con la presencia de 20 legisladores.
La falta de Luxen no pasó inadvertida. Como jefe de Gabinete, era el funcionario naturalmente llamado a encabezar la rendición de cuentas ante la Legislatura, por lo que su reemplazo dejó una marca política sobre una instancia clave para medir la relación entre el Ejecutivo y los diputados.
Elmiger respondió consultas anticipadas por los legisladores y presentó un informe de más de 200 páginas, con datos sobre la administración central, organismos descentralizados y sociedades del Estado.
Tras un acuerdo parlamentario impulsado por la oposición, la Cámara modificó la dinámica de la sesión para priorizar cuatro áreas consideradas centrales: Seguridad, Economía, Educación y Desarrollo. Sin embargo, por los tiempos previstos, la ministra sólo alcanzó a desarrollar los ejes de Seguridad y Economía.
La presentación estuvo acompañada por buena parte del gabinete provincial, entre ellos el ministro de Economía, Ezequiel Verbes; la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; la ministra de Producción, Nadia Ricci; el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Georgion; la secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio; y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido.
El encuentro cerró con el compromiso de trabajar en un mecanismo más ágil para futuras presentaciones del informe de gestión. La discusión dejó una señal clara: la Legislatura buscará mayor dinamismo en el control político, mientras el Gobierno de Claudio Vidal intenta ordenar su rendición de cuentas en medio de una agenda marcada por demandas económicas, sociales y administrativas.