NACIONAL | 26 JUN 2026
UNIVERSIDADES PúBLICAS
La Corte rechazó a Milei y ordenó actualizar sueldos universitarios
El máximo tribunal dejó firme una cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario mientras se resuelve el fondo del caso.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo del Gobierno de Javier Milei contra la aplicación de la ley de financiamiento universitario y dejó vigente una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y trabajadores de las universidades públicas.
El fallo fue firmado por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso oficial porque estaba dirigido contra una medida cautelar y no contra una sentencia definitiva.
Un revés para la motosierra universitaria
La decisión judicial fortalece el reclamo de las universidades, que vienen denunciando una fuerte pérdida presupuestaria desde el inicio de la gestión libertaria. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las casas de estudio perdieron más del 45% de sus recursos durante el Gobierno de Milei.
La ley de financiamiento universitario había sido aprobada por el Congreso con amplio respaldo político y social. Su objetivo es recomponer los presupuestos del sistema a valores reales de 2023 y actualizarlos por inflación.
El Presidente intentó frenar la norma primero con un veto, que fue rechazado por el Parlamento, y luego mediante un decreto que suspendía su ejecución hasta que se definieran las fuentes de financiamiento. Esa maniobra fue cuestionada por la Justicia, que ordenó aplicar los aumentos mientras se resuelve la discusión de fondo.
La presión vuelve sobre el Gobierno
El fallo deja al Ejecutivo en una posición incómoda: deberá comenzar a cumplir la cautelar y avanzar con la recomposición salarial del sector universitario. Hace dos semanas, el Gobierno había acordado una mejora del 24%, pero los gremios sostienen que la aplicación plena de la ley implicaría una suba bastante mayor.
Para la comunidad universitaria, la resolución representa un respaldo institucional clave después de meses de conflicto, marchas masivas y reclamos contra el ajuste. El caso vuelve a poner en tensión dos ejes centrales del Gobierno: la disciplina fiscal y el límite legal de sus decisiones frente a una ley sancionada por el Congreso.
