La Legislatura de Río Negro aprobó una ley que habilita a la Policía provincial a utilizar pistolas Taser y otros dispositivos de baja letalidad en procedimientos operativos. Con la sanción de la norma, la provincia incorpora nuevas herramientas de intervención para las fuerzas de seguridad y se suma a una tendencia que ya comenzó a avanzar en otras jurisdicciones del país.
La medida autoriza el empleo de dispositivos electrónicos de inmovilización, como Taser o Axon, aerosoles irritantes, gas pimienta, proyectiles de impacto controlado, granadas aturdidoras acústicas o luminosas y lanzadores de agentes químicos para situaciones de control de disturbios.
El objetivo de este tipo de equipamiento es ofrecer una instancia intermedia entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego. Desde los sectores que impulsaron la iniciativa sostienen que las herramientas de baja letalidad permiten neutralizar amenazas con menor riesgo de provocar lesiones graves o consecuencias fatales.
Uno de los puntos centrales de la ley es la capacitación obligatoria para el personal policial que utilice estos dispositivos. Los agentes deberán recibir formación técnica y operativa específica antes de portar o emplear cualquiera de las herramientas habilitadas.
La exigencia apunta a establecer criterios de uso, protocolos de intervención y límites claros para situaciones de riesgo. En especial, para procedimientos donde pueda estar comprometida la seguridad de terceros, de los efectivos o de la propia persona intervenida.
La incorporación de pistolas Taser se enmarca en un proceso de modernización de las fuerzas de seguridad que también empezó a desarrollarse en otras provincias patagónicas. En los últimos meses, Neuquén avanzó con la compra de dispositivos electrónicos de inmovilización y equipamiento complementario para ampliar las opciones de respuesta policial en situaciones críticas.
Con esta ley, Río Negro busca actualizar el equipamiento de sus fuerzas y dotarlas de herramientas menos letales para operativos urbanos, intervenciones de riesgo y escenarios donde el uso del arma reglamentaria podría resultar desproporcionado.
La discusión de fondo estará ahora en la implementación: capacitación, control, protocolos y supervisión del uso efectivo de estos dispositivos en la calle.