Ley de Glaciares: la Justicia levantó la suspensión y volvió a habilitar la reforma

El tribunal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la medida que había paralizado la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por dirigentes de Santa Cruz. Los jueces cuestionaron la fundamentación del fallo de primera instancia y ordenaron que la causa continúe como acción colectiva.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó este lunes la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la reforma de la Ley Nacional de Glaciares y reabrió el debate judicial sobre los cambios aprobados por el Congreso.

La decisión representa un revés para el grupo de dirigentes santacruceños que había promovido un amparo ambiental para frenar la vigencia de la norma. Semanas atrás, el Juzgado Federal de Río Gallegos había hecho lugar al planteo y había ordenado suspender la aplicación de la reforma hasta que se resolviera la cuestión de fondo.
 

Duras críticas al fallo que había frenado la ley
 

En una resolución firmada por los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, el tribunal sostuvo que la sentencia apelada presentaba serias deficiencias jurídicas. Entre los cuestionamientos señalaron que no se definió correctamente el tipo de proceso, no se analizó adecuadamente la legitimación de los demandantes y tampoco se evaluó con suficiente profundidad el contenido de la reforma cuestionada.

Los jueces también consideraron que el fallo original tuvo por acreditados requisitos esenciales para dictar una cautelar, como la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, sobre la base de hipótesis y situaciones eventuales que no fueron debidamente demostradas.

La demanda había sido impulsada por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, la presidenta del Concejo Deliberante de esa ciudad, Celia Barría, el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni, quienes sostuvieron que la modificación de la Ley 26.639 implicaba una reducción de las protecciones ambientales sobre glaciares y ambientes periglaciales.
 

Qué cambios destacó la Cámara Federal
 

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el análisis sobre la naturaleza colectiva del reclamo. La Cámara entendió que la causa está vinculada a la defensa de un bien colectivo como el ambiente, aunque aclaró que los funcionarios demandantes no pueden atribuirse la representación de todos los habitantes de Santa Cruz para promover este tipo de acciones.

No obstante, el tribunal reconoció que los actores sí cuentan con legitimación para intervenir en carácter de ciudadanos interesados en la protección ambiental. A partir de ello, ordenó que el expediente continúe bajo las reglas que la Corte Suprema estableció para los procesos colectivos.

Además, los magistrados remarcaron que el fallo de primera instancia omitió analizar aspectos relevantes de la nueva legislación. Entre ellos destacaron la ampliación de las evaluaciones de impacto ambiental, la incorporación de mecanismos de participación ciudadana y una mayor intervención de las provincias en la definición de áreas protegidas dentro del Inventario Nacional de Glaciares.

Con esta resolución, la reforma de la Ley de Glaciares recupera plena vigencia mientras continúa la discusión judicial sobre su constitucionalidad, una disputa que mantiene enfrentados a sectores ambientales, gobiernos provinciales y actores vinculados al desarrollo productivo y energético de la Patagonia.