Denuncian que el sumario a Cendón podría cerrarse sin escuchar a las víctimas

El sumario contra la fiscal jefa Betiana Cendón, investigada por presunta violencia laboral en Bariloche, quedó envuelto en una nueva polémica. Los fiscales Guillermo Lista, Álvaro Viterbori y María Fernanda Orticelli, junto con la defensora Mónica Goye, el jefe de División Germán Torres y el exfiscal Tomás Soto Daher, presentaron una impugnación contra la actuación del instructor sumariante Juan Murillo Ongaro.

El planteo apunta al corazón del procedimiento: después de más de ocho meses de investigación y con el plazo de 90 días hábiles próximo a vencerse, los denunciantes sostienen que el instructor fijó más de 40 audiencias sin citar a las presuntas víctimas ni a los testigos de carga ofrecidos en la denuncia original y sus ampliaciones.

Según la presentación, el sumario habría avanzado con declaraciones vinculadas principalmente a la defensa, mientras quedaron fuera funcionarios judiciales que habrían presenciado situaciones de hostigamiento y profesionales de la salud que trataron el daño psicológico denunciado.
 

Una investigación cuestionada por falta de prueba clave
 

Los denunciantes advierten que no se trata de una omisión menor. En causas por violencia laboral, la palabra de quienes dicen haber padecido los hechos y la documentación médica asociada al daño forman parte central de la prueba. Por eso cuestionan que el expediente pueda acercarse a una resolución sin haber incorporado esos testimonios.

También denuncian falta de acceso a información básica sobre el trámite del sumario. Afirman que la instrucción no les permitió conocer con claridad el cronograma de audiencias, cuántos testigos fueron citados ni cuáles fueron sus nombres, pese a que la ley provincial exige mantener informadas a las partes sobre el estado del expediente.

Uno de los episodios mencionados en la impugnación involucra a la fiscal Daniela Ortiz Celoria, también denunciante. Según el escrito, cuando intentó declarar sobre situaciones de maltrato que habría sufrido en el despacho de Cendón, fue interrumpida por la defensa y no pudo completar su relato. La fiscal pidió que quedara constancia de que tenía más hechos para aportar.
 

Testigos bajo presión
 

La presentación también cuestiona las condiciones en que se desarrollaron algunas declaraciones. Según los denunciantes, varios testigos comparecieron en presencia de la propia Cendón, quien era su superiora directa o indirecta. Algunos habrían pedido declarar sin esa presencia por temor a represalias, pero esa solicitud no habría sido atendida en los términos esperados.

Ese punto es especialmente delicado porque el expediente investiga presuntas prácticas de violencia laboral dentro del ámbito judicial. Para quienes impulsaron la denuncia, permitir que subordinados declaren frente a la persona investigada puede afectar la libertad del testimonio y condicionar el contenido de las declaraciones.

Por esa razón, los denunciantes pidieron la presencia de observadores institucionales en las audiencias pendientes. Entre los organismos mencionados figuran la APDH, el Colegio de Magistrados y sindicatos judiciales. La solicitud busca sumar garantías externas en una etapa del proceso que, según advierten, ya quedó marcada por la desconfianza hacia la instrucción.
 

El rol de Murillo Ongaro
 

El foco de la impugnación está puesto sobre Juan Murillo Ongaro, legislador del PRO designado como instructor del sumario. Los denunciantes sostienen que su conducción dejó afuera prueba relevante y que el expediente corre el riesgo de cerrarse con una versión incompleta de los hechos.

La crítica no apunta solo a los tiempos del proceso, sino a su orientación. Si el sumario avanza hacia un dictamen sin escuchar a las presuntas víctimas ni a los testigos ofrecidos por ellas, el Consejo de la Magistratura podría quedar frente a una investigación formalmente tramitada, pero cuestionada en su capacidad para reconstruir lo ocurrido.

El planteo incorpora además una dimensión normativa. Los denunciantes invocan el Convenio 190 de la OIT, vigente en Argentina mediante la Ley 27.580, y la Ley 26.485 de protección contra la violencia de género. Ambos marcos obligan al Estado a actuar con debida diligencia ante denuncias de violencia y acoso en el ámbito laboral.

El expediente llega así a una instancia crítica. Murillo Ongaro puede avanzar hacia el cierre del sumario o reabrir la producción de prueba para incorporar las declaraciones pendientes. La decisión definirá no solo el futuro de la investigación contra Cendón, sino también el nivel de garantía institucional con el que el Consejo de la Magistratura abordará una denuncia de violencia laboral dentro del propio Poder Judicial.