Baguales expone la disputa por la Patagonia: agua pública, capital extranjero y fuego

La Patagonia volvió a quedar en el centro de una disputa que excede lo ambiental y lo inmobiliario. El caso Baguales, en la cordillera de Río Negro, reúne varios de los elementos más notorios del nuevo mapa territorial argentino: tierras de alto valor ambiental, agua pública, generación privada de energía, capitales extranjeros, permisos administrativos y un bajo nivel de discusión legislativa.

La hipótesis es clara: la Patagonia ya no aparece solo como destino turístico, postal natural o reserva paisajística, sino como un territorio estratégico donde se cruzan recursos naturales, grandes inversiones, fuego, negocios privados y decisiones estatales que muchas veces avanzan con escaso control público.

Ese enfoque ya venía apareciendo en publicaciones periodísticas que leyeron los incendios no solo como tragedia ambiental, sino también como una puerta para revisar concesiones, permisos estatales y movimientos sobre tierras de alto valor. En paralelo, otras publicaciones pusieron el foco en la expansión de capitales de Qatar y Emiratos Árabes sobre tierras, ríos, infraestructura, centros de esquí, cotos de caza y aeropuertos privados en la Patagonia.

Ahora, el caso suma un nuevo contexto nacional: mientras en Río Negro sigue abierta la discusión por el uso de agua pública en Baguales, en el Congreso avanza un proyecto del Gobierno sobre propiedad privada que modifica reglas vinculadas a tierras rurales, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.

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Baguales: agua pública para energía privada

El núcleo del caso está en la Resolución 75/2025 del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro. A través de esa norma, el organismo autorizó a Río Villegas S.A.U. a utilizar agua pública del arroyo Baguales para generación eléctrica privada en tres centrales hidroeléctricas: CHiBa I, CHiBa II y CHiBa III.

La resolución fue dictada el 20 de enero de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 23 de enero. El permiso contempla caudales de hasta 42 litros por segundo, 200 litros por segundo y 350 litros por segundo, con operación entre julio y septiembre, dentro de una parcela de la propia empresa.

El cuestionamiento político no se limita al uso del agua. La crítica central es que una decisión de impacto territorial, ambiental y energético habría sido habilitada por vía administrativa, sin un debate previo en la Legislatura rionegrina.

La empresa aparece vinculada a la trama de tierras de Baguales, donde publicaciones periodísticas señalaron la participación de sociedades como Baguales Acquisitions S.A. y Río Villegas S.A.U., además de la presencia de capitales qataríes asociados al emir Tamim bin Hamad Al Thani y a unas 10.000 hectáreas en la cordillera rionegrina.

Tras la autorización del DPA, la legisladora Magdalena Odarda presentó el Proyecto de Ley 121/2025 para derogar la Resolución 75/25. El planteo buscó anular el permiso de uso de agua pública por 30 años a favor de Río Villegas S.A.U.

Al 27 de mayo de 2026, ese proyecto figura como activo y en etapa de ingreso, sin sanción definitiva. Odarda también impulsó un pedido de informes al Ejecutivo provincial, al DPA, a Energía y Ambiente y a Ambiente y Cambio Climático para conocer los detalles del expediente.

Ese pedido aparece como tratado y con respuesta oficial agregada. El Gobierno provincial, por su parte, sostiene que el trámite contaba con antecedentes técnicos y ambientales: la Resolución 75 menciona un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2022 y una adenda aprobada en 2024 para el proyecto “Residencia y obras complementarias Establecimiento Baguales”.

Sin embargo, para los sectores críticos, esos antecedentes no despejan la pregunta de fondo: quién controla el uso de bienes públicos estratégicos cuando el agua, la tierra y la energía quedan articuladas a proyectos privados en zonas de alto valor ambiental.

 

Fuego, tierras extranjeras y nuevo marco nacional

El problema no sería solo Baguales ni únicamente las centrales hidroeléctricas. El punto es qué pasa en la Patagonia después de los incendios: qué tierras se queman, quién las compra, qué permisos aparecen, qué concesiones se activan y qué circuitos inmobiliarios empiezan a moverse.

El fuego no aparece solo como tragedia ambiental, sino como episodio que puede reabrir debates sobre venta de tierras, cambios de uso del suelo y acceso a zonas de enorme valor natural. Esa lectura conecta con una preocupación histórica en la región: que la tierra quemada, degradada o deshabitada pueda quedar más expuesta a operaciones inmobiliarias, concesiones privadas o modificaciones normativas que habiliten nuevos usos.

Así mismo, se instaló un concepto fuerte: “la Patagonia árabe”. Bajo esa denominación, se describió la expansión de capitales provenientes de Qatar y Emiratos Árabes sobre tierras, bosques, ríos, centros de esquí, infraestructura turística y zonas cordilleranas de alto valor ambiental.

En abril de 2026, se puso el foco sobre Hugo Barabucci, expolista que habría admitido en un juicio haber adquirido cerca de 20.000 hectáreas en una zona estratégica de la Patagonia con fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos. La nota mencionó posibles delitos económicos, presuntas violaciones a la Ley de Tierras y falta de acción de organismos provinciales.

El dato no es menor. La discusión por los capitales extranjeros no debería reducirse a una mirada xenófoba ni a un rechazo automático a la inversión. El problema es otro: qué capacidad real conserva el Estado para saber quién compra, con qué fondos, para qué fines y bajo qué límites.

La actualización política más fuerte llega desde el Congreso. El 20 de mayo de 2026, el Senado emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por el Poder Ejecutivo. El oficialismo busca tratarlo el 4 de junio, junto con otros temas.

La conexión con Baguales no es jurídica directa, sino política y territorial. Mientras en Río Negro sigue abierto el conflicto por agua pública, tierras extranjeras y permisos privados, a nivel nacional avanza una reforma que modifica reglas sensibles sobre tierras rurales y manejo del fuego.

Según el análisis citado en el material de base, el proyecto modifica la Ley de Tierras Rurales. Actualmente, esa norma limita al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales y fija topes por titular y nacionalidad. La propuesta oficial eliminaría esas restricciones para privados extranjeros y dejaría límites solo para Estados extranjeros y sus instrumentos.

También modifica la Ley de Manejo del Fuego. La ley vigente impone restricciones posteriores a incendios sobre cambios de uso del suelo, subdivisión, loteo, venta o concesión de tierras fiscales y actividades distintas al uso previo. El proyecto oficial elimina el plazo de 60 años y reduce protecciones, especialmente fuera de bosques nativos.

Ese punto reordena toda la lectura. Lo que antes podía verse como una denuncia provincial sobre un permiso hidroeléctrico empieza a funcionar como caso testigo de una discusión nacional: qué pasa con los territorios estratégicos si se flexibilizan al mismo tiempo las reglas sobre tierra extranjera y las protecciones posteriores al fuego.

 

La soberanía también se juega en el territorio

El caso Baguales condensa una tensión central del presente argentino. De un lado, gobiernos y empresas presentan inversiones como oportunidades de desarrollo, infraestructura, energía y actividad económica. Del otro, comunidades, legisladores y organizaciones advierten sobre pérdida de control público, extranjerización de la tierra, uso privado de bienes comunes y debilitamiento de las defensas ambientales.

La Patagonia está en el medio de esa disputa. No solo porque tiene belleza escénica, sino porque concentra agua dulce, bosques, energía, minerales, corredores bioceánicos, acceso a la Antártida, frontera, turismo de alta gama y tierra de enorme valor estratégico.

Por eso, la discusión ya no puede plantearse como una pelea entre desarrollo y atraso. La pregunta real es quién define el desarrollo, quién se queda con la renta, quién controla el impacto ambiental y qué capacidad tienen las provincias y el Estado nacional para proteger recursos que no son infinitos.

El avance del proyecto de propiedad privada en el Senado le da al caso una dimensión más amplia. Si se reducen las restricciones sobre tierras rurales extranjeras y se debilitan las protecciones posteriores a incendios, territorios ya tensionados por negocios privados podrían quedar más expuestos.

Ahí aparece el punto editorial más fuerte: Baguales no es solo una historia sobre capitales qataríes, centrales hidroeléctricas o hectáreas cordilleranas. Es una advertencia sobre el modo en que el país regula —o deja de regular— sus territorios estratégicos.