El Gobierno de Río Negro sancionó a Flybondi Líneas Aéreas S.A. con una multa superior a los $100 millones por incumplimientos graves en el servicio, vinculados a cancelaciones, suspensiones y reprogramaciones de vuelos con impacto directo en pasajeros que viajaban desde o hacia Bariloche.
La medida fue impulsada por la Agencia de Recaudación Tributaria y el área de Defensa del Consumidor, tras una investigación iniciada de oficio por las reiteradas irregularidades registradas a comienzos de año. Según la Provincia, miles de usuarios rionegrinos se vieron afectados por cambios unilaterales, falta de respuestas inmediatas y deficiencias en la asistencia.
Uno de los elementos más fuertes del expediente fue el informe oficial de Aeropuertos Argentina, delegación Bariloche, que registró 243 cancelaciones de vuelos de Flybondi en los seis meses previos a Semana Santa.
Además, durante ese fin de semana largo, Defensa del Consumidor realizó controles presenciales en el aeropuerto local para verificar la atención a los pasajeros y relevar el funcionamiento del servicio.
Para la Provincia, no se trató de un episodio aislado, sino de un patrón de conducta: cancelaciones reiteradas, reprogramaciones, falta de información suficiente y ausencia de soluciones rápidas para los usuarios.
Al definir el monto de la sanción, el Gobierno rionegrino sostuvo que tuvo en cuenta tres factores principales: la gravedad del riesgo social generado, la reincidencia de la empresa y el beneficio económico obtenido por cancelar servicios de manera unilateral sin brindar una respuesta inmediata.
La imputación venía desde abril, cuando Río Negro ya había informado la intervención de sus equipos de fiscalización, el relevamiento de información en el aeropuerto y la asistencia a pasajeros a través de la OMIDUC de Bariloche.
También existían antecedentes de sanciones previas contra la compañía por cancelaciones, incumplimientos contractuales, falta de información y trato indigno hacia consumidores.
Un punto clave para los usuarios es que la sanción administrativa no implica una indemnización automática para cada pasajero afectado.
El Gobierno provincial aclaró que la multa tiene un fin correctivo general sobre la empresa. Quienes hayan sufrido daños materiales, gastos extra, pérdida de conexiones, estadías imprevistas o molestias deberán realizar un reclamo individual ante Defensa del Consumidor de Río Negro, las oficinas municipales correspondientes o la vía judicial.
Ese detalle es central: la sanción castiga a la empresa, pero no reemplaza el derecho de cada pasajero a reclamar por su caso particular.
El caso de Río Negro no aparece aislado. En marzo, Neuquén también sancionó a Flybondi con una multa de $228.917.600 por irregularidades en la atención e información a pasajeros en el aeropuerto provincial, tras la cancelación de un vuelo a Aeroparque.
En ese expediente, la provincia señaló ausencia de personal, falta de información visible y falta de respuesta adecuada a los consumidores.
La reiteración en distintas jurisdicciones refuerza el costado más sensible del caso: las cancelaciones de una aerolínea low cost no solo afectan vacaciones o viajes personales, sino también conexiones laborales, médicas, familiares y turísticas en regiones donde la conectividad aérea es estratégica.
La multa a Flybondi vuelve a poner en debate el equilibrio entre tarifas competitivas, conectividad aérea y derechos de los pasajeros. Bariloche es uno de los destinos turísticos más importantes del país y depende en buena parte de la regularidad aérea para sostener su actividad.
Cuando las cancelaciones se vuelven recurrentes y la asistencia no aparece a tiempo, el problema deja de ser operativo y pasa a ser institucional: quién controla, cómo se sanciona y qué garantías reales tienen los usuarios frente a empresas que reprograman o cancelan servicios de manera masiva.
Río Negro decidió leer el caso como algo más que una suma de vuelos caídos. La sanción apunta a marcar un límite frente a una conducta que, según la Provincia, afectó de manera reiterada a pasajeros y al sistema turístico regional. La pregunta ahora es si Flybondi apelará la medida o si deberá corregir un esquema de funcionamiento que ya acumula cuestionamientos en más de una provincia.
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