REGIONAL | 20 MAY 2026
DEUDA PROVINCIAL EN DISPUTA
Santa Cruz: crece el rechazo al endeudamiento por USD 600 millones
Intendentes, legisladores y senadores cuestionaron el proyecto de Claudio Vidal por deuda en dólares, tribunales extranjeros y regalías como garantía.
Un grupo de intendentes, legisladores provinciales, diputados nacionales y senadores de Santa Cruz difundió un pronunciamiento colectivo contra el proyecto de endeudamiento impulsado por el gobierno de Claudio Vidal. La iniciativa, ingresada a la Legislatura como Proyecto de Ley N.º 257/2026, pide autorización para tomar deuda por hasta USD 600 millones o su equivalente en otras monedas.
La solicitada, titulada “Pronunciamiento colectivo en defensa del pueblo santacruceño”, instaló una consigna directa: “Antes que el endeudamiento, está el pueblo. Antes que la deuda, están las familias santacruceñas”. El mensaje apunta al corazón político del proyecto: la oposición no solo cuestiona el monto, sino las condiciones bajo las cuales la provincia podría endeudarse.
El proyecto de deuda que impulsa Vidal
El proyecto enviado por el Ejecutivo provincial busca habilitar financiamiento para obra pública, programas de desarrollo, gastos de capital y administración o cancelación de deudas previas.
La autorización permitiría tomar deuda mediante emisión de títulos, bonos en mercados nacionales o internacionales, acuerdos con organismos multilaterales como BID, CAF o Banco Mundial, y créditos con entidades financieras.
La propuesta también prevé un plazo máximo de amortización de hasta 15 años, con tasas fijas, variables o mixtas. Para el Gobierno, se trata de una herramienta para financiar infraestructura estratégica y ordenar el perfil financiero provincial.
Tribunales extranjeros y regalías como garantía
El punto más delicado del proyecto es institucional. La iniciativa habilita al Ejecutivo a prorrogar jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, aceptar legislación internacional y renunciar a ciertas defensas de inmunidad soberana, condiciones que suelen aparecer en operaciones internacionales de deuda.
Además, contempla como posibles garantías recursos de coparticipación federal, regalías hidrocarburíferas y regalías mineras.
Ese es el núcleo del rechazo político. Para los firmantes de la solicitada, endeudarse en moneda extranjera, bajo jurisdicción externa y con recursos estratégicos como garantía compromete la soberanía financiera y el futuro de Santa Cruz.
“Antes que la deuda, las familias”
El pronunciamiento plantea cinco ejes: rechazo al endeudamiento por USD 600 millones, prioridad al salario y al bolsillo de las familias, defensa de la obra pública con impacto real en empleo y economías locales, redistribución equitativa de fondos y convocatoria al diálogo.
La crítica apunta a una pregunta concreta: si la provincia tiene margen para tomar deuda de esta magnitud mientras trabajadores estatales, municipales y familias santacruceñas reclaman recomposición salarial y respuestas urgentes frente al costo de vida.
En esa línea, los firmantes sostienen que cualquier discusión sobre financiamiento debe poner primero a las comunidades y no quedar reducida a una operación financiera de largo plazo.
Quiénes firmaron la solicitada
Entre los firmantes aparecen diputados provinciales como Carlos Santi, Carlos Alegría, Carlos Godoy, Daniel Peralta, Eloy Echazú, Lorena Ponce, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora, Javier Jara y José Bodlovic.
También suscribieron intendentes como Aldo Aravena, Antonio Carambia, Darío Menna, Javier Belloni, Pablo Grasso, Zulma Neira y Juan Raúl “Pirri” Martínez.
A nivel nacional, acompañaron los diputados Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan, junto con los senadores José María Carambia, Alicia Kirchner y Natalia Gadano.
El dato político es fuerte: el rechazo no aparece como una voz aislada, sino como una articulación de intendentes, legisladores y representantes nacionales contra una decisión central del gobierno de Vidal.
La defensa del Gobierno provincial
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía Ezequiel Verbes defendió el proyecto y sostuvo que el objetivo es financiar infraestructura estratégica, mejorar el perfil financiero de la provincia y reducir el déficit en servicios públicos.
Una de las obras señaladas como prioritaria sería la línea de media tensión entre El Pluma, Perito Moreno y Los Antiguos, que según estimaciones oficiales permitiría reducir costos energéticos y generar un ahorro mensual cercano a $2.000 millones en déficit de servicios públicos.
Verbes también aclaró que la deuda no iría directamente a salarios porque no puede usarse para gastos corrientes, aunque planteó que permitiría liberar recursos propios que hoy se destinan a obra pública y redirigirlos hacia áreas como salarios, hospitales e insumos.
Más pedidos de debate y precisiones
El rechazo también encontró eco en otros sectores. La Federación Económica de Santa Cruz no se pronunció necesariamente contra la iniciativa, pero reclamó un debate más amplio con intendentes, municipios y sectores productivos.
El planteo central es que el Gobierno precise qué porcentaje del financiamiento irá a obras y qué porcentaje se destinará a administración de pasivos. Esa distinción es clave: no es lo mismo endeudarse para infraestructura verificable que tomar deuda para cubrir desequilibrios previos sin un destino claro para la sociedad.
Desde la Municipalidad de Río Gallegos, el secretario de Legal y Técnica Gonzalo Chute también cuestionó el proyecto y advirtió que faltan precisiones sobre qué obras se harían, dónde se ejecutarían y cuánto costarían.
Una pulseada por el futuro financiero de Santa Cruz
El proyecto todavía debe ser tratado por la Legislatura provincial. Hasta el momento, según el material relevado, no hay confirmación confiable de que haya sido aprobado.
La discusión abre una pulseada de alto impacto para Santa Cruz. De un lado, el Gobierno provincial plantea que necesita financiamiento para infraestructura y ordenamiento financiero. Del otro, intendentes y legisladores advierten que tomar deuda en dólares, aceptar tribunales extranjeros y comprometer regalías puede hipotecar recursos estratégicos de la provincia.
La pregunta de fondo no es solo si Santa Cruz puede endeudarse. Es bajo qué condiciones, para qué obras, con qué controles y quién pagará el costo político y social si esa deuda termina pesando sobre las próximas generaciones.
