REGIONAL | 4 MAY 2026
CRISIS INSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO
Tierra del Fuego: Melella vetará el freno a la reforma constitucional
El gobernador anticipó que vetará la derogación de la Ley 1529, mientras la Legislatura reúne votos para insistir.
La pelea por la reforma constitucional en Tierra del Fuego entró en una fase de máxima tensión institucional. El gobernador Gustavo Melella anticipó que vetará la derogación de la Ley 1529, aprobada por la Legislatura provincial durante la madrugada del 1° de mayo, y buscará sostener la convocatoria a elecciones constituyentes prevista para el 9 de agosto.
La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y la Legislatura: mientras el Gobierno sostiene que el proceso electoral constituyente sigue en marcha, la oposición afirma que la convocatoria perdió sustento legal luego de la derogación de la norma que habilitaba la reforma.
Una reforma en medio de una guerra de normas
El conflicto se aceleró cuando Melella oficializó, mediante el Decreto 751/26, la convocatoria para elegir convencionales constituyentes. La fecha fijada fue el 9 de agosto, como parte del proceso para avanzar con la reforma parcial de la Constitución fueguina.
Pero esa misma madrugada, la Legislatura derogó la Ley 1529 por 11 votos a favor y 4 en contra, en una sesión que dejó al oficialismo en minoría y frenó políticamente el proyecto reformista.
El resultado dejó planteado un escenario inédito: un gobernador que insiste con una elección constituyente y una Legislatura que, con una mayoría amplia, dejó sin efecto la ley que habilitaba ese camino.
Melella se atrinchera en el veto
Lejos de retroceder, el Ejecutivo provincial ratificó que vetará la derogación. Desde el Gobierno fueguino argumentan que la convocatoria mantiene vigencia y que el proceso constituyente no puede ser interrumpido una vez iniciado.
La posición de Melella profundiza su aislamiento político. En la votación que frenó la reforma confluyeron sectores del peronismo, fuerzas provinciales y bloques opositores, en una señal de rechazo transversal al intento de modificar la Carta Magna provincial.
El oficialismo defiende la reforma con el argumento de modernizar la Constitución y limitar privilegios institucionales. Sin embargo, para sus críticos, la iniciativa aparece atravesada por una sospecha central: que el verdadero objetivo sea habilitar condiciones políticas para un nuevo mandato del gobernador.
La Legislatura tiene número para insistir
El veto no cerrará la discusión. Según la Constitución de Tierra del Fuego, si el Poder Ejecutivo veta una ley, la Legislatura puede insistir con los dos tercios de los votos. En una Cámara de 15 integrantes, ese umbral equivale a 10 legisladores.
Ese dato es clave: la derogación de la Ley 1529 obtuvo 11 votos, uno más de los necesarios para rechazar un eventual veto. Si los legisladores mantienen sus posiciones, la Legislatura estaría en condiciones de imponer la derogación y obligar al Ejecutivo a promulgarla.
Una crisis política en el peor momento económico
La disputa por la reforma llega en un contexto delicado para la provincia, atravesada por tensiones económicas, problemas financieros, conflictos salariales y cuestionamientos al funcionamiento de áreas sensibles del Estado. En ese marco, la discusión constitucional dejó de ser un debate técnico y pasó a convertirse en una pulseada directa por el poder.
La oposición sostiene que avanzar con una elección constituyente en este escenario implica abrir un proceso costoso y políticamente innecesario. El oficialismo, en cambio, insiste en que la reforma es una herramienta para actualizar el sistema institucional fueguino.
El conflicto podría volver a la Justicia
La nueva etapa de la pelea podría tener una derivación judicial. Si Melella veta la derogación y la Legislatura insiste, el conflicto entre poderes podría terminar nuevamente en los tribunales provinciales.
Así, Tierra del Fuego queda frente a un laberinto político y jurídico: una elección convocada, una ley derogada, un veto en camino y una Legislatura con número suficiente para sostener su rechazo. El desenlace definirá no solo el futuro de la reforma constitucional, sino también la autoridad política del gobernador en la segunda mitad de su mandato.
