Un fallo por la planta cloacal de Viedma obliga a Río Negro a pagar casi $2.000 millones y abre otra polémica

Lo que empezó como un expediente por expropiaciones vinculadas a una obra pública terminó convertido en una noticia de mayor alcance político. La Provincia de Río Negro fue condenada a pagar casi $2.000 millones por la expropiación de tierras y servidumbres de paso destinadas a la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Viedma, inaugurada en 2022 con financiamiento del Plan Castello. Pero el impacto del fallo no se agota en el número: también vuelve a poner en el centro una trama incómoda por la participación del exvicegobernador Mario De Rege como uno de los principales beneficiarios.

La sentencia, firmada por el juez subrogante Leandro Oyola, fijó un monto total de $1.934.858.688, al que se suman otros conceptos por daños, mensura, escritura y honorarios, por lo que la cifra final todavía podría crecer. Según fuentes judiciales citadas en la nota original, el Estado provincial ya habría apelado, de modo que la definición quedará ahora en manos de la Cámara Civil.

Una obra pública que ahora impacta sobre las cuentas provinciales

La planta depuradora se habilitó en octubre de 2022 y fue presentada como una obra estratégica para la capital rionegrina. El problema apareció después, cuando la discusión judicial sobre la valuación de las tierras y las servidumbres derivó en una indemnización que hoy luce muy por encima de la inversión inicial informada para la obra.

La acción expropiatoria fue promovida por la propia Provincia, pero los propietarios aceptaron el proceso y rechazaron los valores fijados originalmente por la Comisión de Valuaciones. Ese desacuerdo terminó escalando en sede judicial hasta llegar a una sentencia que ahora obliga al Estado a desembolsar una suma millonaria con actualización al 20 de abril de este año.

Mario De Rege, el nombre que desplaza la discusión

El punto más delicado del fallo no pasa solo por la magnitud económica, sino por uno de sus destinatarios. El mayor monto reconocido por la sentencia benefició a Mario Luis De Rege, que recibirá $749,9 millones por una de las parcelas afectadas. A eso todavía deben sumarse intereses, honorarios y otros conceptos que podrían empujar esa cifra todavía más arriba.

Ahí es donde la noticia judicial empieza a transformarse en una discusión política. De Rege no es un propietario cualquiera: fue vicegobernador, tuvo responsabilidades en el manejo estatal del agua y la tierra, y su nombre aparece asociado al organismo que durante años impulsó y planificó este tipo de obras. Esa trayectoria no prueba por sí sola una irregularidad, pero sí vuelve inevitable una pregunta de fondo sobre la relación entre la decisión pública de expropiar y el posterior beneficio económico privado.

De la legalidad al conflicto de intereses

La segunda derivación del caso aparece justamente ahí. Más allá de la legalidad formal del fallo, la controversia se desplazó hacia el terreno ético e institucional. En la nota que sigue a esta historia, el foco ya no está puesto solo en cuánto deberá pagar la Provincia, sino en si existió o no un conflicto de intereses alrededor de las tierras, el conocimiento previo de proyectos estatales y el rol histórico de De Rege en áreas sensibles del aparato público.

Ese ángulo no está resuelto judicialmente y exige máxima cautela. Pero el dato político existe: cuando un exfuncionario que conoció desde adentro el funcionamiento del Estado termina entre los principales beneficiarios de una expropiación millonaria, la discusión deja de ser meramente técnica.

Un expediente que ya excede la obra cloacal

El resto de la sentencia también confirma la dimensión del caso. Enrique y Nora Inda recibirán $587,1 millones, mientras que los herederos de Roberto, Irma y Mario De Rege se repartirán $232,4 millones. En los expedientes por servidumbre de paso, las indemnizaciones a Fridevi y Luis Iribarren fueron mucho menores y quedaron fijadas en $4,3 millones cada una.

Pero más allá de cómo se reparta la cuenta, el problema es uno: el Estado provincial deberá afrontar con recursos públicos una condena de enorme magnitud por una obra ya terminada, en una provincia donde cualquier erogación de esta escala impacta sobre prioridades, presupuesto y gestión.

La verdadera historia recién empieza

La apelación de la Provincia abre una nueva etapa judicial. Pero la historia no termina ahí. El expediente por la planta cloacal de Viedma ya dejó de ser solo una noticia sobre una indemnización millonaria: se convirtió en la puerta de entrada a una discusión más incómoda sobre valuaciones, decisiones estatales, beneficiarios privados y eventuales zonas grises entre función pública y negocio inmobiliario.

Y ese es, probablemente, el verdadero enganche entre ambas notas: primero aparece el costo. Después, inevitablemente, aparece la pregunta por quiénes ganan con él.