Río Negro aprobó la desregulación farmacéutica: receta electrónica, telefarmacia y debate por la propiedad

La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves la ley de desregulación de la actividad farmacéutica, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que introduce cambios estructurales en el funcionamiento del sector. La norma incorpora la obligatoriedad de la receta electrónica, habilita la telefarmacia y establece la prescripción diferida de medicamentos crónicos por hasta seis meses.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en general, aunque el punto más controvertido —la propiedad de las farmacias— generó una votación dividida. El debate fue seguido de cerca por farmacéuticos, que lograron introducir modificaciones al texto original durante el tratamiento legislativo.

En el debate también sobrevolaron cuestionamientos sobre posibles beneficiarios de la norma. Algunos legisladores advirtieron que la apertura de la propiedad podría favorecer el desembarco o la expansión de grandes cadenas farmacéuticas, mencionando incluso a firmas como Farmacias Global, vinculadas a grupos empresarios con presencia en medios de comunicación regionales.

Cambios clave: receta electrónica, telefarmacia y nuevas reglas

La nueva legislación establece la obligatoriedad de la receta electrónica como mecanismo central para la dispensa de medicamentos, en línea con procesos de modernización del sistema de salud. Además, incorpora la denominada “prescripción diferida”, que permitirá a pacientes con tratamientos crónicos acceder a medicamentos durante un período de hasta seis meses sin necesidad de renovar la receta de forma inmediata.

Otro de los puntos destacados es la habilitación de la telefarmacia, una modalidad que apunta a ampliar el acceso en zonas alejadas o con menor cobertura del servicio. A su vez, la ley contempla incentivos estatales para fomentar la instalación de farmacias en áreas remotas o con baja densidad de establecimientos, con el objetivo de corregir desigualdades territoriales.

Propiedad de farmacias: el eje de la polémica

El mayor contrapunto se dio en torno a la modificación del régimen de titularidad. Hasta ahora, la normativa limitaba la propiedad de farmacias a farmacéuticos, mutuales y obras sociales. La reforma amplía ese universo al permitir que “cualquier persona humana o jurídica” pueda ser propietaria, con la única excepción de las sociedades anónimas.

Desde el oficialismo rechazaron la exigencia del Colegio Farmacéutico de que un profesional forme parte de la sociedad propietaria, aunque se mantiene la obligatoriedad de contar con un farmacéutico como director técnico. Este cambio fue el único artículo que no logró consenso pleno en el recinto.

En cuanto a la regulación territorial, la ley sostiene criterios similares a los vigentes: en localidades de más de 15.000 habitantes, la distancia mínima entre farmacias será de 400 metros, mientras que en poblaciones más pequeñas se reduce a 200 metros.

Debate legislativo y posiciones enfrentadas

La legisladora Andrea Escudero fue la encargada de abrir el debate, al presentar la iniciativa como una herramienta de “actualización y modernización farmacéutica”. En la misma línea, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, defendió los cambios y aseguró que “no existe voluntad de perjudicar a nadie”, al tiempo que ratificó el enfoque desregulador del proyecto.

Desde la oposición, el peronista José Luis Berros cuestionó la “urgencia” del tratamiento y solicitó que el expediente regresara a comisión para un análisis más profundo. En igual sentido se pronunció Gabriela Picotti, quien respaldó la necesidad de ampliar el debate.

Las críticas más duras apuntaron al cambio en la propiedad. Magdalena Odarda advirtió sobre el riesgo de pasar de un “modelo sanitario” a uno “mercantil”, al sostener que la farmacia podría convertirse en “un mero comercio regido por las leyes del mercado”. En tanto, Luciano Delgado Sempé alertó: “No sabemos quiénes están detrás”, en referencia a la apertura a sociedades.

En contraste, el legislador Juan Martín defendió la iniciativa y planteó que “desregular no implica ausencia de reglas. El Estado debe garantizar equilibrio entre intereses”. En ese sentido, argumentó que la norma permitirá ampliar la competencia y mejorar el acceso al servicio, en un contexto donde también se mencionaron posibles beneficios para grandes cadenas del sector.

Con 30 votos afirmativos y 14 rechazos en el artículo más discutido, la Legislatura avanzó con una reforma que marca un cambio de paradigma en la actividad farmacéutica provincial y que abre un nuevo escenario de tensiones entre regulación sanitaria y lógica de mercado.