Río Negro autorizó tres centrales en Baguales y el permiso quedó bajo cuestionamiento

El proyecto Baguales volvió a quedar bajo cuestionamiento en Río Negro tras difundirse documentación oficial que, según las denuncias, muestra que el gobierno de Alberto Weretilneck habilitó por vía administrativa la construcción de tres centrales hidroeléctricas en la cordillera sin tratamiento previo en la Legislatura. La polémica gira en torno a una resolución del Departamento Provincial de Aguas (DPA) que otorgó a la firma Río Villegas S.A.U. el permiso para usar agua pública con fines de generación eléctrica privada.

Según el texto difundido, la autorización figura en el Boletín Oficial N° 6357 del 23 de enero de 2025 y quedó formalizada mediante la Resolución 75/2025. Allí se habilita a la empresa a operar tres centrales identificadas como CHiBa I, II y III, con caudales específicos del arroyo Baguales, para abastecer energéticamente a un emprendimiento privado ubicado en esa zona.

Agua pública, energía privada y control legislativo

El punto más delicado del caso es institucional. De acuerdo con la interpretación planteada en la denuncia, el Código de Aguas de Río Negro exigiría una ley especial para este tipo de aprovechamientos hidroeléctricos, por lo que la vía administrativa utilizada por el DPA podría resultar cuestionable. El permiso, además, fue otorgado por 30 años, lo que profundizó las críticas sobre el uso exclusivo de un recurso público estratégico sin debate parlamentario previo.

Otro eje del reclamo es el destino de la energía. La propia documentación, según el texto original, indica que las centrales no estarán orientadas al sistema eléctrico público, sino al abastecimiento interno del complejo Baguales, un emprendimiento turístico de alta gama ubicado en una zona de alto valor ambiental. Ese dato reforzó una de las objeciones centrales: el uso de agua pública para un beneficio privado y, según la denuncia, vinculado a intereses extranjeros.

Baguales, capitales qataríes y una zona bajo disputa

La controversia no se limita al permiso hídrico. El caso también pone el foco sobre la estructura societaria y la propiedad del emprendimiento. Según la información citada, el complejo Baguales está vinculado al empresario qatarí Abdulhadi Mana Al Hajri, familiar directo del emir de Qatar, y abarcaría unas 28.000 hectáreas en una zona lindera al Parque Nacional Nahuel Huapi. La firma Río Villegas S.A.U., beneficiaria de la autorización, estaría integrada por Baguales Acquisitions S.A., donde también aparece el extenista Gastón Gaudio.

En ese marco, el proyecto volvió a activar cuestionamientos más amplios sobre la concentración de tierras y recursos naturales en manos extranjeras en áreas sensibles de la cordillera. El texto original enlaza el caso Baguales con otras discusiones abiertas en la provincia sobre grandes extensiones bajo control privado extranjero, entre ellas las asociadas a Joe Lewis en la zona de Lago Escondido.

El capítulo ambiental

También hay objeciones sobre el procedimiento ambiental. Según se menciona en los fundamentos de un proyecto de derogación citado en la nota original, no se habrían realizado audiencias públicas ni garantizado instancias de participación ciudadana, pese a tratarse de una zona ambientalmente sensible. Además, se señala que el área estaría integrada a corredores ecológicos protegidos y que podría haber comunidades alcanzadas por mecanismos de consulta previstos en el Convenio 169 de la OIT, algo que, según la denuncia, tampoco se habría cumplido.

Ese punto agrava la dimensión política del expediente, porque ya no se discute solo la legalidad formal del permiso, sino también el modo en que el Estado provincial habilita proyectos productivos o turísticos en zonas donde confluyen ambiente, agua, bosque nativo y capital extranjero.

Un frente político para Weretilneck

El caso Baguales expone una tensión cada vez más visible en Río Negro: la que cruza inversión privada, control institucional y manejo de recursos naturales. Las denuncias apuntan directamente al gobierno de Weretilneck no solo por la resolución del DPA, sino también por la supuesta falta de intervención de organismos clave del Estado provincial, como la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Tierras y el Registro de la Propiedad Inmueble.

Por ahora, la controversia sigue planteada en el terreno político y administrativo. Pero la difusión de la documentación y el cruce entre agua pública, generación privada y capital extranjero volvieron a colocar al proyecto Baguales en el centro de una discusión que excede una obra puntual y toca uno de los puntos más sensibles para cualquier provincia: quién decide sobre el uso de sus recursos estratégicos y bajo qué controles.