Soria denuncia a Milei, Caputo y Bausili por la "desaparición" del oro del BCRA

El senador nacional por la provincia de Río Negro, Martín Soria, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. La presentación judicial solicita investigar el traslado de una parte de las reservas de oro al exterior realizado durante 2024, una maniobra que el legislador califica como una "desaparición" de activos ante la falta de información oficial y la ausencia de respaldo documental fidedigno en los balances de la entidad.

Según el escrito presentado ante la justicia federal, lo que inicialmente se presentó como una decisión de política económica habría mutado en un presunto ilícito penal al constatarse que los movimientos no están debidamente reflejados en el balance anual 2024 del BCRA. Soria sostiene que la autoridad monetaria habría reconocido ante la Auditoría General de la Nación (AGN) que los contratos de colocación de los lingotes con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) u otros depositarios extranjeros son inexistentes, lo que impide cualquier labor de control.

Imputaciones por malversación y abuso de autoridad

La denuncia encuadra las conductas de los funcionarios en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. El senador rionegrino argumenta que los responsables habrían actuado fuera de los límites de su mandato al movilizar reservas sin los resguardos jurídicos correspondientes ni la debida registración en los estados contables, afectando la transparencia necesaria para la trazabilidad de los activos estatales.

En relación con el rol del Presidente, la presentación indica que, dado su perfil como principal diseñador del programa económico, no podía desconocer semejante movilización de activos soberanos. Por su parte, se cuestiona al ministro de Economía por haber asumido funciones de "vocero" de una operación del BCRA, vulnerando la autonomía de la entidad autárquica y exponiendo a la República a riesgos procesales innecesarios ante posibles litigios en tribunales internacionales.

Falta de transparencia y respuesta de la AGN

El conflicto escaló a partir de sucesivos pedidos de acceso a la información pública que fueron rechazados por el Banco Central bajo el argumento de preservar la "seguridad" de los activos. Sin embargo, Soria advierte que esta negativa constituye una violación al principio de máxima divulgación, especialmente cuando los datos solicitados —como plazos y seguros contratados— no comprometían la ubicación física del metal. La denuncia resalta que el propio presidente de la AGN informó que la auditoría sobre las toneladas de oro se encuentra frenada por el retaceo de datos.

La gravedad de la situación quedó plasmada en la respuesta que la entidad bancaria habría entregado al organismo de control, la cual es citada en la denuncia como prueba de la irregularidad administrativa. El documento judicial es contundente al señalar que "los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen", lo que dejaría a la operación sin ningún tipo de sustento legal para ser auditada.

Riesgos de embargo en la justicia británica

Otro de los ejes centrales de la presentación es el riesgo de haber elegido Londres como destino, una plaza financiera donde los activos soberanos argentinos podrían ser objeto de medidas cautelares por juicios pendientes. Soria hace referencia a una reciente orden de la justicia británica en la causa "Cupón PBI" que ordenó congelar activos soberanos, situación que genera dudas sobre la integridad y la disponibilidad inmediata del oro trasladado durante el último

El senador nacional por la provincia de Río Negro, Martín Soria, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. La presentación judicial solicita investigar el traslado de una parte de las reservas de oro al exterior realizado durante 2024, una maniobra que el legislador califica como una "desaparición" de activos ante la falta de información oficial y la ausencia de respaldo documental fidedigno en los balances de la entidad.

Según el escrito presentado ante la justicia federal, lo que inicialmente se presentó como una decisión de política económica habría mutado en un presunto ilícito penal al constatarse que los movimientos no están debidamente reflejados en el balance anual 2024 del BCRA. Soria sostiene que la autoridad monetaria habría reconocido ante la Auditoría General de la Nación (AGN) que los contratos de colocación de los lingotes con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) u otros depositarios extranjeros son inexistentes, lo que impide cualquier labor de control.

Imputaciones por malversación y abuso de autoridad

La denuncia encuadra las conductas de los funcionarios en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. El senador rionegrino argumenta que los responsables habrían actuado fuera de los límites de su mandato al movilizar reservas sin los resguardos jurídicos correspondientes ni la debida registración en los estados contables, afectando la transparencia necesaria para la trazabilidad de los activos estatales.

En relación con el rol del Presidente, la presentación indica que, dado su perfil como principal diseñador del programa económico, no podía desconocer semejante movilización de activos soberanos. Por su parte, se cuestiona al ministro de Economía por haber asumido funciones de "vocero" de una operación del BCRA, vulnerando la autonomía de la entidad autárquica y exponiendo a la República a riesgos procesales innecesarios ante posibles litigios en tribunales internacionales.

Falta de transparencia y respuesta de la AGN

El conflicto escaló a partir de sucesivos pedidos de acceso a la información pública que fueron rechazados por el Banco Central bajo el argumento de preservar la "seguridad" de los activos. Sin embargo, Soria advierte que esta negativa constituye una violación al principio de máxima divulgación, especialmente cuando los datos solicitados —como plazos y seguros contratados— no comprometían la ubicación física del metal. La denuncia resalta que el propio presidente de la AGN informó que la auditoría sobre las toneladas de oro se encuentra frenada por el retaceo de datos.

La gravedad de la situación quedó plasmada en la respuesta que la entidad bancaria habría entregado al organismo de control, la cual es citada en la denuncia como prueba de la irregularidad administrativa. El documento judicial es contundente al señalar que "los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen", lo que dejaría a la operación sin ningún tipo de sustento legal para ser auditada.

Riesgos de embargo en la justicia británica

Otro de los ejes centrales de la presentación es el riesgo de haber elegido Londres como destino, una plaza financiera donde los activos soberanos argentinos podrían ser objeto de medidas cautelares por juicios pendientes. Soria hace referencia a una reciente orden de la justicia británica en la causa "Cupón PBI" que ordenó congelar activos soberanos, situación que genera dudas sobre la integridad y la disponibilidad inmediata del oro trasladado durante el último año hacia el Reino Unido.

Finalmente, el denunciante solicita que la Justicia Federal ordene una pericia contable urgente sobre los balances del Banco Central para determinar por qué se omitieron detalles críticos en las notas a los estados financieros. Para el legislador, el traslado de miles de millones de dólares en oro físico mediante vuelos comerciales y sin registros claros constituye una maniobra temeraria que compromete la base de las reservas nacionales y la estabilidad financiera del país en el largo plazo.

año hacia el Reino Unido.

Finalmente, el denunciante solicita que la Justicia Federal ordene una pericia contable urgente sobre los balances del Banco Central para determinar por qué se omitieron detalles críticos en las notas a los estados financieros. Para el legislador, el traslado de miles de millones de dólares en oro físico mediante vuelos comerciales y sin registros claros constituye una maniobra temeraria que compromete la base de las reservas nacionales y la estabilidad financiera del país en el largo plazo.