Desalojo en Viedma: tensión entre vulnerabilidades

La organización Creando Futuro se pronunció sobre el conflicto en el barrio 20 de Junio. El caso involucra a una familia y un espacio destinado a fines sociales.

La situación habitacional en Viedma sumó un nuevo capítulo de complejidad tras la difusión de un conflicto en el barrio 20 de Junio, donde una orden de desalojo puso de manifiesto la precariedad de las respuestas institucionales. El caso, que involucra a una mujer y sus cinco hijos que ocupan un inmueble desde 2020, ha generado un debate sobre la superposición de derechos y la falta de alternativas ante situaciones de extrema fragilidad social en la ciudad.

Por un lado, se encuentra la necesidad urgente de techo de un grupo familiar numeroso; por otro, el reclamo de una organización social que requiere recuperar la propiedad para retomar actividades comunitarias. Este escenario ha derivado en una instancia judicial que, lejos de resolverse de forma inmediata, expone las grietas de un sistema que no logra garantizar soluciones integrales para los sectores más desprotegidos de la capital rionegrina.

El rol de la Fundación Creando Futuro en el conflicto

La Fundación Creando Futuro emitió un comunicado oficial para aclarar su posición en este proceso. Según la organización, el inmueble en disputa no constituye un bien patrimonial de interés privado, sino que es una herramienta fundamental para el desarrollo de tareas de contención social. El espacio estaba originalmente destinado a talleres y actividades para niños, adolescentes y personas con consumos problemáticos, funciones que hoy se encuentran suspendidas debido a la ocupación.

Desde la entidad remarcaron que el conflicto no debe ser leído como un enfrentamiento entre particulares, sino como el emergente de una problemática pública no resuelta. En este sentido, destacaron que "la resolución del problema habitacional de la familia no puede recaer exclusivamente en una organización social", subrayando que la responsabilidad primaria de garantizar una vivienda digna corresponde a los organismos estatales competentes.

Prórroga judicial y búsqueda de alternativas

Ante la inminencia de una medida compulsiva, la Justicia local intervino para intentar mediar entre las partes. En una audiencia reciente, se acordó establecer una prórroga de 45 días en el proceso de desalojo, medida a la que la fundación prestó conformidad. Este plazo tiene como objetivo permitir que el Estado diseñe un plan de contingencia o brinde una solución habitacional definitiva a la familia involucrada, evitando así que el lanzamiento se produzca sin un destino previo.

La decisión de postergar el operativo busca equilibrar el derecho de la organización a disponer de su sede social con el interés superior del niño, dada la presencia de menores en el inmueble. Sin embargo, la organización advirtió que el paso del tiempo sin acciones concretas profundiza el perjuicio para la comunidad, ya que los programas de prevención y acompañamiento que allí funcionaban continúan paralizados tras varios años de conflicto.

Un llamado a la intervención de los organismos públicos

La fundación instó a evitar enfoques que reduzcan la situación a un choque de intereses privados y planteó la necesidad de avanzar en soluciones institucionales estructurales. El caso del barrio 20 de Junio funciona como un testigo de la presión que enfrentan los barrios populares de Viedma, donde la falta de acceso al suelo y a la vivienda genera roces permanentes entre actores que comparten condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, el comunicado hace hincapié en la importancia de que la respuesta judicial sea acompañada por un abordaje social multidisciplinario. El cumplimiento de la prórroga de 45 días será clave para determinar si las autoridades provinciales y municipales pueden dar una respuesta que resuelva la emergencia de la familia y permita, simultáneamente, que el tejido social del barrio recupere un espacio vital para la contención de jóvenes y niños.