REGIONAL | 23 ABR 2026

TENSIóN CON EL PERIODISMO EN CASA ROSADA

El Gobierno prohibió el ingreso de periodistas acreditados

La medida fue comunicada de forma breve y se vincula a una denuncia por presunto espionaje que involucra a trabajadores de prensa.




El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. La decisión generó inmediata repercusión en el ámbito político y periodístico.

La medida fue informada a través de un mensaje breve en el que se indicó: “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”. No se brindaron mayores precisiones sobre el alcance o la duración de la restricción.

Denuncia por presunto espionaje

La disposición se conoció un día después de que la Casa Militar denunciara a dos periodistas por presunto espionaje. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la causa ni la identidad de los involucrados.

El argumento oficial vincula la decisión con la necesidad de resguardar la seguridad interna de la sede de gobierno, aunque desde distintos sectores se cuestiona el impacto que podría tener sobre el acceso a la información pública.

Impacto en la cobertura periodística

La prohibición afecta a los periodistas acreditados que habitualmente cubren las actividades en la Casa Rosada, lo que podría alterar la dinámica de trabajo en uno de los principales centros de información política del país.

Organizaciones vinculadas a la libertad de prensa y referentes del sector comenzaron a manifestar preocupación por la medida, al considerar que podría sentar un precedente en la relación entre el Gobierno y los medios.

Un conflicto en desarrollo

El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión entre la administración nacional y parte del periodismo, con cruces públicos y cuestionamientos mutuos en las últimas semanas.

Se espera que en las próximas horas haya definiciones oficiales que clarifiquen el alcance de la decisión y su eventual revisión, mientras el tema continúa generando debate en el ámbito político e institucional.