Sullivan & Cromwell admitió errores con IA en escritos ligados al caso YPF

El estudio jurídico Sullivan & Cromwell (S&C), una de las firmas más influyentes de Wall Street y pieza central en la estrategia de defensa de la Argentina en el juicio por YPF, quedó envuelto en un escándalo judicial tras admitir que presentó documentos con errores generados por inteligencia artificial. El episodio obligó al bufete a disculparse formalmente ante un juez federal y dejó expuesto un traspié especialmente incómodo para una firma acostumbrada a operar en causas de máximo perfil.

La situación salió a la luz luego de que el copresidente del grupo de reestructuración global de S&C, Andrew Dietderich, enviara una carta al juez Martin Glenn para reconocer que en los escritos presentados había citas inexactas, pasajes inventados de fallos reales y hasta fuentes legales inexistentes. En otras palabras, el sistema utilizado para asistir en la redacción produjo las ya conocidas “alucinaciones” de la IA, y los controles internos no lograron frenarlas a tiempo.

Un error serio en una firma de peso

El caso tomó otra dimensión por el peso institucional de Sullivan & Cromwell. No se trata de un estudio menor ni de una firma sin trayectoria: es uno de los bufetes más antiguos y prestigiosos de Estados Unidos, con más de 900 abogados y antecedentes en litigios de alta complejidad.

Por eso mismo, el reconocimiento público del error no pasó inadvertido. La firma tiene lineamientos estrictos sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, con entrenamientos obligatorios y una premisa interna que, en teoría, no deja margen para la improvisación: no confiar en nada sin verificarlo todo. Sin embargo, en este caso ese principio falló justo donde menos debía fallar.

Citas falsas, fuentes inexistentes y una revisión que no funcionó

Según trascendió, las inconsistencias no fueron detectadas inicialmente por el propio estudio, sino por su contraparte, la firma Boies Schiller Flexner (BSF). Tras revisar la documentación presentada, elaboró un registro de errores de tres páginas con cerca de 36 fallas técnicas.

Entre las observaciones aparecieron citas mal atribuidas, fragmentos inexistentes y referencias a fuentes que directamente no figuraban en el universo jurídico real. El problema, más allá de lo técnico, es el mismo que ya generó alertas en otros tribunales: cuando la IA inventa autoridad jurídica y nadie lo advierte, el daño no es solo formal, sino también reputacional.

El vínculo con la defensa argentina en el caso YPF

En la Argentina, el nombre de Sullivan & Cromwell tiene una sensibilidad adicional. El bufete lidera la estrategia de defensa del Estado nacional en el multimillonario litigio por la expropiación de YPF, una causa seguida de cerca por su impacto político, jurídico y económico.

Aunque los documentos cuestionados no corresponden directamente al expediente por YPF, el episodio inevitablemente salpica la imagen de la firma ante un caso en el que la solidez técnica resulta central. No porque el error traslade automáticamente sus efectos a otras causas, sino porque deja una pregunta incómoda sobre los controles con los que se elaboran escritos en procesos de enorme trascendencia.

Disculpas formales y daño reputacional

En su carta al juez, Andrew Dietderich expresó el arrepentimiento del estudio y reconoció la gravedad de lo ocurrido. También trascendió que se comunicó con la firma rival para agradecerle haber señalado las fallas, un gesto que buscó bajar la tensión procesal, aunque difícilmente alcance para disipar el daño reputacional.

El episodio vuelve a mostrar un problema cada vez más frecuente en ámbitos profesionales de alta exigencia: la incorporación acelerada de herramientas de IA sin un filtro humano verdaderamente eficaz. En un estudio de esta dimensión, más que un error aislado, lo ocurrido parece exhibir una falla de supervisión difícil de relativizar.

La causa en la que se usó inteligencia artificial

De acuerdo con la información difundida, el uso de la herramienta de IA se dio en el marco de una causa vinculada a presuntas maniobras de esclavitud moderna y estafas millonarias por parte de un conglomerado camboyano relacionado con las Islas Vírgenes Británicas.

El fundador del grupo, Chen Zhi, fue acusado por fiscales estadounidenses de dirigir centros de trabajo forzado en Camboya y de organizar un fraude de inversiones de gran escala. En ese expediente, las autoridades incluso avanzaron con acciones para intentar decomisar unos USD 9.000 millones en Bitcoin presuntamente ligados a las actividades investigadas.

Un caso que vuelve a poner en discusión el uso profesional de la IA

Más allá del expediente puntual, el episodio reabre un debate más amplio sobre el uso de inteligencia artificial en entornos jurídicos. La promesa de eficiencia, velocidad y asistencia técnica convive con un límite que ya no puede presentarse como menor: la IA puede inventar contenido con apariencia de precisión, y cuando eso ocurre en un escrito judicial el margen de daño es particularmente alto.

En el caso de Sullivan & Cromwell, el problema no fue solamente haber usado una herramienta defectuosa, sino no haber detectado a tiempo errores básicos que comprometían la credibilidad del documento. Para un estudio que se apoya en su prestigio, esa clase de desliz no parece un detalle técnico, sino una señal preocupante de época.