Un juzgado federal frenó la eliminación de Volver del Programaal Trabajo

La Justicia federal dispuso este martes que el Gobierno nacional continúe con los pagos a unas 900 mil personas incluidas en el programa Volver al Trabajo, tras hacer lugar a una medida cautelar que suspende su eliminación. La decisión representa un revés para el Ministerio de Capital Humano, que había anunciado la baja del plan para reemplazarlo por un sistema de vouchers. La medida alcanza a sectores vulnerables que perciben cerca de $80 mil mensuales.

El fallo fue dictado por el Juzgado Federal de Campana y ordena mantener la vigencia de las prestaciones económicas mientras se resuelve el fondo de la cuestión. La resolución pone el foco en el impacto social de la medida y en la necesidad de evitar perjuicios inmediatos a los beneficiarios.

La resolución judicial establece: “Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional - Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva”.

El Gobierno, a través del área que conduce Sandra Pettovello, había comunicado la eliminación del programa con la intención de avanzar hacia un esquema basado en vouchers de capacitación. Sin embargo, la Justicia consideró que la transición no garantizaba condiciones equivalentes para los sectores alcanzados.

Impacto social y derechos vulnerados

Entre los fundamentos del fallo, el tribunal advirtió que la eliminación del programa sin una alternativa adecuada podría afectar derechos básicos de los beneficiarios. En ese sentido, remarcó: “El corte abrupto estatal de las prestaciones sin prever ni implementar medidas efectivas que lo reemplacen compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor, a la seguridad social y al acceso a un nivel de vida adecuado”.

Asimismo, el juez destacó el “profundo contenido social” de estos beneficios y consideró que su cancelación en el contexto actual podría resultar “arbitraria e irrazonable”. El análisis judicial también incluyó el impacto en la salud y en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Dudas sobre el sistema de vouchers y urgencia del caso

En relación con el nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo, el fallo fue contundente al señalar que no constituye una alternativa equivalente. “La referencia genérica de vouchers destinados a capacitación no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios venían recibiendo”, sostuvo el magistrado.

Finalmente, la Justicia subrayó la urgencia de la situación al indicar que existía “peligro en la demora” debido a la inminente finalización del programa prevista para este mes. “El requisito de la verosimilitud en el derecho se encuentra configurado”, concluyó el fallo, advirtiendo que no intervenir de manera inmediata podría tornar “ilusorio” el derecho reclamado por los beneficiarios.