Milei y Lewis: el acuerdo por Lago Escondido que nadie explica del todo

La administración de Javier Milei habría avanzado en un acuerdo conciliatorio con el empresario británico Joe Lewis y la firma Hidden Lake S.A. para cerrar la acción de lesividad que el propio Estado nacional había iniciado en 2023 para cuestionar la compra de unas 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera, en Río Negro, donde se encuentra la estancia Lago Escondido.

De confirmarse en esos términos, el entendimiento implicaría el cierre de una causa que apuntaba a revisar una operación históricamente cuestionada por la presunta utilización de sociedades interpuestas y maniobras destinadas a eludir las restricciones legales sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros en áreas sensibles.

Qué buscaba anular la acción de lesividad

La acción judicial había sido promovida durante la gestión anterior por el Ministerio del Interior y buscaba declarar la nulidad de la compraventa de esas tierras.

Según trascendió, la ofensiva estatal se apoyaba en antecedentes y dictámenes previos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y de la Procuración del Tesoro, que habían cuestionado la legalidad de la operatoria. El eje del planteo estaba en la adquisición original realizada en 1996, que se habría concretado mediante una estructura de empresas “cáscara” y testaferros para sortear las limitaciones vigentes en zonas de frontera.

El acuerdo con Hidden Lake que habría cerrado la causa

De acuerdo con la reconstrucción publicada, el convenio fue presentado el 15 de enero de 2026 y homologado el 28 de enero por el juez federal Walter Lara Correa, durante la feria judicial, en el marco del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4.

Con esa homologación, siempre según esa versión, el expediente habría quedado clausurado sin avanzar sobre la nulidad de la transferencia de dominio. Ese es el punto más sensible del caso: no solo se habría desactivado la acción judicial del Estado, sino que además se habría hecho sin que hasta ahora se conozcan públicamente los términos concretos del acuerdo.

Un expediente reservado y sin letra chica conocida

Uno de los aspectos que más interrogantes genera es el grado de reserva que rodea al convenio. Según los reportes, hasta diciembre de 2025 el expediente era de acceso público, pero luego pasó a figurar como “acceso reservado” en el sistema judicial.

Esa condición impide conocer la letra chica del entendimiento, los compromisos asumidos por las partes y los fundamentos exactos por los que el Estado decidió cerrar una causa que antes sostenía como válida. En este tipo de acciones, además, se requiere autorización política expresa del Poder Ejecutivo, lo que vuelve inevitable la lectura política de la maniobra.

La historia de una compra siempre bajo sospecha

La operatoria original involucró a la sociedad Properties S.A., que obtuvo autorización para adquirir las tierras. Poco después, la propiedad quedó inscripta a nombre de Hidden Lake S.A., dentro de una estructura societaria que desde hace años viene siendo observada por organismos públicos, la Defensoría del Pueblo y distintos sectores políticos y sociales.

El caso también se conecta con antecedentes judiciales previos, entre ellos una causa penal que prescribió en 2017, y con la histórica disputa por el acceso público a Lago Escondido a través del camino de Tacuifí, un expediente que todavía sigue abierto en la Corte Suprema.

Un contexto político más favorable para Lewis

La presunta conciliación se produce en un momento político particular. Mientras el Gobierno nacional busca revisar o flexibilizar aspectos de la Ley de Tierras, también se registraron otros movimientos que fortalecen la posición del grupo de Lewis en la zona.

Entre ellos aparece la autorización otorgada en julio de 2025 para el traspaso de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a Hidden Lake S.A., un dato que, leído junto al acuerdo judicial, alimenta la percepción de una etapa más favorable para los intereses del magnate británico en la Patagonia.

Un acuerdo que vuelve a abrir preguntas

Más allá de lo que finalmente se conozca del expediente, el caso vuelve a poner sobre la mesa preguntas de fondo sobre la transparencia del Estado, la extranjerización de la tierra y el control sobre zonas estratégicas de frontera.

Porque si la acción de lesividad había sido impulsada por el propio Estado con base en antecedentes que cuestionaban la legalidad de la operación, el cierre reservado de esa causa no aparece como un simple trámite judicial. Aparece, sobre todo, como una señal política que vuelve a colocar a Lago Escondido en el centro de una discusión que nunca terminó de resolverse.