Un informe periodístico puso bajo la lupa la evolución patrimonial de Manuel Adorni desde su llegada al Gobierno de Javier Milei y volvió a instalar preguntas sobre el origen de parte de sus bienes, sus hipotecas y sus movimientos financieros. El eje de la investigación gira en torno a una causa judicial en la que se analiza si el actual funcionario puede justificar el crecimiento de su patrimonio en poco más de dos años.
Según el artículo, al asumir en diciembre de 2023 Adorni declaró dos departamentos, un auto y algo más de diez mil dólares en el exterior. Dos años y cuatro meses después, el mismo relevamiento lo ubica con cuatro inmuebles, dos vehículos, más ahorros en dólares, viajes al exterior y una causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito. Esa diferencia es la que hoy está bajo análisis judicial.
La primera declaración jurada presentada por Adorni como funcionario público, según el informe citado, mostraba un patrimonio compuesto por dos cuentas en el exterior, un fondo de inversión, escasos fondos en cajas de ahorro locales y dos inmuebles: un departamento en Parque Chacabuco y otro en La Plata. En ese momento, el total declarado rondaba los 11,6 millones de pesos.
Ese punto de partida es el que el artículo toma como referencia para marcar el salto patrimonial posterior.
La investigación señala que, al comparar aquella declaración inicial con la anual correspondiente al cierre de 2023, apareció un fuerte crecimiento en los bienes declarados. Según esa reconstrucción, el patrimonio pasó de 11,6 millones a 61 millones de pesos, un aumento superior al 500%.
El artículo indica que una de las explicaciones declaradas por Adorni fue la incorporación de 42.500 dólares en efectivo atribuidos a préstamos familiares, provenientes de su madre y de una mujer jubilada de 95 años. A partir de allí, el texto plantea dudas sobre la trazabilidad de esos fondos y sobre si ese mecanismo pudo haber servido para justificar dinero que no había sido informado antes.
Otro de los tramos centrales del informe se concentra en 2024, cuando Adorni sumó una Jeep Compass y, según la investigación, su familia adquirió una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. El punto que más atención genera es que la propiedad quedó registrada a nombre de su esposa y que el funcionario no la habría incluido en el anexo público de su última declaración jurada.
De acuerdo con el artículo, la compra estuvo asociada a una hipoteca sobre el departamento de Parque Chacabuco y a un circuito de financiamiento privado armado a través de una escribana de confianza. La Justicia ya citó testigos vinculados a esa operación y a las obras posteriores realizadas en la vivienda.
El informe también incorpora viajes al exterior como parte del análisis patrimonial. Entre ellos menciona vacaciones familiares en Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025, con un costo estimado de unos 12.000 dólares, además de otras referencias a vuelos privados y destinos de alto costo.
En ese contexto, la investigación contrasta esos movimientos con el discurso público de austeridad del oficialismo y con declaraciones posteriores del propio Adorni sobre sus vacaciones.
El núcleo de la nota no es solo el detalle de bienes, sino la pregunta que ahora intenta responder la Justicia: si el crecimiento patrimonial del funcionario tiene una justificación suficiente y documentada. Por eso, el artículo presenta el caso como uno de los momentos más delicados para Adorni desde que llegó a la función pública.
Más allá de lo que determine la investigación judicial, el informe deja planteado un interrogante político y patrimonial de fondo: cómo explicar, en un lapso corto, un salto tan fuerte en bienes, deudas, hipotecas, viajes y activos declarados.