Dina Huapi: causa federal expone ventas irregularidades y falta de controles

Una causa que tramita en la Justicia Federal con asiento en Bariloche volvió a poner bajo la lupa a un desarrollo inmobiliario en Dina Huapi que nunca terminó de consolidarse. Lo que en sus inicios se presentó como una oportunidad de crecimiento urbano hoy aparece envuelto en denuncias por presuntas ventas irregularidades y sin controles estatales en la comercialización de lotes y en el manejo de los fondos.

Denuncias por presunto lavado de dinero, uso de prestanombres y ausencia de controles estatales rodean a un proyecto frenado por la Justicia, pero que aún se promociona en el mercado.

El expediente avanza sobre un entramado complejo que combina sospechas de delitos económicos con conflictos civiles entre inversores. En paralelo, crecen las dudas por la falta de controles estatales en un contexto de fuerte expansión inmobiliaria en la región, donde la valorización de la tierra acelera proyectos de gran escala.

Falta de controles y desconocimiento oficial

En ese escenario, las respuestas desde el ámbito político local no aportaron claridad. La concejal Mónica Balseiro, presidenta de la comisión de Obras y Planificación, admitió no saber si el Poder Ejecutivo lleva adelante controles sobre este tipo de emprendimientos. La declaración dejó expuesta una posible ausencia de seguimiento institucional sobre desarrollos de alto impacto.

El reconocimiento genera inquietud, sobre todo porque se trata de un caso que lleva años en investigación. En una zona donde el crecimiento urbano es sostenido, el desconocimiento por parte de actores clave en la planificación no pasa inadvertido y abre interrogantes sobre la capacidad de fiscalización.

Denuncias por lavado, prestanombres y fondos sin justificar

La causa judicial se originó a partir de una denuncia del fiduciario del fideicomiso “La Herradura”, Sergio Rodolfo Burgos, quien apuntó contra Fernando Boudourian, Rafael Juan Pablo Malleret y Marcela Andrea Caferina Albornoz. Según la presentación, existiría una operatoria bajo sospecha que incluiría posibles maniobras de lavado de activos, evasión fiscal y asociación ilícita.

A partir de allí, la Fiscalía Federal inició un relevamiento de documentación en escribanías y registros notariales para reconstruir el circuito del dinero. El objetivo es determinar si las operaciones —entre ellas escrituras y cesiones de derechos— cumplen con las exigencias legales, en particular respecto del origen de los fondos.

Uno de los puntos centrales es una inversión cercana a los 600 mil dólares para la compra de 50 lotes en 2017, que habría sido canalizada a través de terceros. Esta modalidad encendió alertas sobre el posible uso de prestanombres. En el expediente incluso se menciona el reconocimiento del uso de “hombres de paja”, lo que refuerza la hipótesis de irregularidades.

Cautelar vigente y lotes que siguen en venta

El desarrollo abarca unas 145 hectáreas sobre la Ruta Nacional 40, un sector estratégico para la expansión urbana de Dina Huapi. Actualmente, una medida cautelar impide avanzar con nuevas comercializaciones hasta que se resuelva la situación judicial. Sin embargo, continúan apareciendo publicaciones que ofrecen lotes vinculados al emprendimiento.

En portales inmobiliarios se promocionan terrenos de aproximadamente 1.000 metros cuadrados por valores cercanos a los 39.000 dólares, con descripciones que destacan la cercanía al río Ñirihuau, vistas a los cerros y futuras obras de infraestructura. Algunos avisos incluso aseguran que los lotes están escriturados, en aparente contradicción con el escenario judicial.

En paralelo, el conflicto también se desarrolla en el fuero civil, con reclamos por escrituración, demoras en transferencias y disputas entre inversores y administradores. Esta superposición de causas refuerza la complejidad del caso y dificulta establecer responsabilidades claras.

Desde el municipio, el jefe de Gabinete Hernán Terrens sostuvo que la comuna fue citada como testigo y encuadró el conflicto como “una situación entre particulares”. No obstante, evitó precisar si se evaluarán medidas adicionales desde el Estado local.

Un esquema que se replica y deja más preguntas

Detrás del entramado aparece el fideicomiso “La Herradura”, constituido en 2016 en Bariloche, cuya estructura se habría vinculado en los últimos años a otros desarrollos inmobiliarios, incluso fuera de la región, como en Tucumán. Esta expansión sugiere un esquema que podría replicarse en distintas jurisdicciones.

A pesar de no registrar deudas fiscales ni financieras, el perfil económico de algunos involucrados genera dudas frente al volumen de las inversiones investigadas. Pericias contables señalan que no se pudo acreditar capacidad económica suficiente en algunos casos, lo que suma interrogantes sobre el origen de los fondos.

Las respuestas oficiales, fragmentadas e imprecisas, reflejan una dificultad estructural: la de controlar esquemas donde se combinan intereses privados, figuras fiduciarias y marcos regulatorios débiles. Más allá de lo que determine la Justicia, el caso deja al descubierto una discusión de fondo sobre los límites del crecimiento inmobiliario sin controles efectivos y el riesgo que eso implica para inversores y comunidades.