Cipolletti: Rodrigo Buteler contrató publicidad por más 26 millones de pesos para un cartel en la vía pública

La Municipalidad de Cipolletti adjudicó una contratación directa por $26 millones para la instalación de letras corpóreas en la Isla Jordán, una decisión que desató polémica por el monto involucrado y el procedimiento utilizado. La medida fue formalizada a través de la Resolución N° 1796/25, correspondiente a fines de 2025, y publicada en el Boletín Oficial local el 30 de marzo de 2026.

El proyecto contempla la provisión de materiales y mano de obra para un cartel con fines de señalización y puesta en valor de un espacio recreativo. Sin embargo, el uso de un mecanismo excepcional como la contratación directa, sin explicaciones detalladas, generó dudas sobre la transparencia del proceso administrativo.

Cuestionamientos al mecanismo de contratación

La contratación directa está prevista en la normativa como una herramienta de excepción, aplicable en situaciones específicas como urgencias, imposibilidad de competencia o montos menores. En este caso, la documentación oficial no detalla los fundamentos que justifiquen su utilización bajo esos criterios.

De hecho, en el expediente publicado se señala que “no se detallan fundamentos que encuadren la contratación en alguno de estos supuestos”, lo que abre interrogantes sobre el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia que rigen las compras públicas. La ausencia de una convocatoria abierta impidió la participación de otros proveedores interesados.

Un monto elevado sin competencia de ofertas

El monto adjudicado, de $26 millones, se ubica por encima de los valores habitualmente asociados a contrataciones directas dentro de distintos esquemas administrativos. Para cifras de esta magnitud, suelen emplearse mecanismos como el concurso de precios o la licitación pública, que permiten comparar propuestas y garantizar mejores condiciones para el Estado.

Al no haberse realizado un proceso competitivo, tampoco existió una instancia de evaluación entre distintas ofertas. Esto implica que no hubo comparación de precios ni análisis de alternativas disponibles en el mercado, un aspecto central en la administración eficiente de los recursos públicos.

La empresa adjudicada y la falta de antecedentes

La adjudicación recayó en la firma V.V.P. Services S.A.S., una empresa constituida en 2021 que, según registros societarios, cuenta con un capital social declarado de $64.000, actualizado a aproximadamente $1.260.000 por inflación. Su objeto social abarca múltiples actividades, aunque en el expediente no se detallan antecedentes específicos vinculados a trabajos de cartelería o estructuras similares.

La resolución oficial se limita a aprobar la contratación sin ampliar sobre los motivos de la excepción ni precisar si se solicitaron cotizaciones a otros proveedores como parte de algún análisis previo. En este contexto, la decisión continúa generando cuestionamientos en torno a la transparencia, la razonabilidad del gasto y el cumplimiento de los procedimientos administrativos en Río Negro.