El otorgamiento de nuevos permisos de exploración minera en Río Negro volvió a encender alarmas políticas y reavivó cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión del gobierno de Alberto Weretilneck. Legisladores de la oposición denunciaron irregularidades y apuntaron directamente contra decisiones que, aseguran, benefician a personas vinculadas a entornos investigados por la Justicia internacional.
El eje del conflicto gira en torno a la autorización concedida a Claudio Ciccarelli, primo de Federico Machado, para realizar exploración de minerales de primera categoría en la zona de Los Menucos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, corresponde al expediente “El Gran Don José” y abarca tierras del departamento 25 de Mayo.
La controversia no solo radica en el vínculo familiar con un empresario detenido e investigado en Estados Unidos por presunto narcotráfico, sino también en el contexto de reiteradas advertencias previas sobre posibles incompatibilidades y falta de controles en el otorgamiento de estos permisos.
Desde el bloque opositor “Vamos con Todos” recordaron que en octubre del año pasado presentaron pedidos de informes al Ejecutivo provincial que aún no fueron respondidos. La ausencia de explicaciones oficiales profundiza las sospechas y alimenta las denuncias de opacidad en el manejo de los recursos mineros.
El legislador José Luis Berros fue contundente al señalar que la situación es “cada vez más preocupante”, no solo por la continuidad de las autorizaciones, sino por el aparente ocultamiento de información sensible vinculada a la actividad minera en la provincia.
La polémica actual se suma a una denuncia ya presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la falta de respuestas a múltiples pedidos de informes. Entre los puntos bajo la lupa figuran las estructuras societarias, beneficios otorgados y controles aplicados a empresas presuntamente vinculadas a Ciccarelli desde hace más de una década.
Nombres de firmas como Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics y L&C Mining aparecen en el radar de los legisladores, que exigen conocer el alcance de sus operaciones y su relación con el Estado provincial.
El caso vuelve a colocar al gobierno de Alberto Weretilneck bajo presión. Para la oposición, no se trata de hechos aislados, sino de un esquema que evidencia falta de controles, discrecionalidad en la toma de decisiones y escasa voluntad de rendir cuentas.
La entrega de permisos en un contexto de denuncias no resueltas y vínculos sensibles pone en duda la transparencia del manejo de los recursos naturales, un área estratégica para el desarrollo económico de la provincia.
La minería en Río Negro vuelve así a quedar en el centro del debate público, no por su potencial productivo, sino por las dudas que rodean su administración. La falta de información oficial y la continuidad de decisiones cuestionadas profundizan la desconfianza y abren interrogantes sobre los criterios con los que se están otorgando permisos clave.
En un escenario donde la transparencia debería ser la base de cualquier política extractiva, el caso Ciccarelli expone una vez más las tensiones entre desarrollo, control estatal y credibilidad institucional.