El piloto del vuelo privado contradijo a Manuel Adorni y complica su situación judicial

El testimonio del piloto aportó documentación y desmintió la versión del jefe de Gabinete, que había asegurado haber financiado el viaje con dinero propio. La causa por el vuelo privado que utilizó Manuel Adorni para viajar a Punta del Este sumó un elemento clave que podría marcar un punto de inflexión: el testimonio del piloto que operó la aeronave contradijo la versión pública del funcionario y dejó bajo sospecha el origen del dinero utilizado.

Se trata de Agustín Issin Hansen, quien declaró durante más de cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py. Según su exposición, el viaje no fue abonado por Adorni, sino por el periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario e integrante de la comitiva.

De acuerdo al testimonio, el vuelo de ida fue facturado directamente a la productora de Grandio por la empresa Alpha Centauri S.A., mientras que el tramo de regreso fue inicialmente cubierto por la firma del propio piloto y luego vendido al mismo periodista por un monto de 3.000 dólares, abonados en efectivo.

La declaración incluyó documentación, facturas y registros de los vuelos, que ahora quedaron incorporados a la causa judicial. Entre ellos, figura la compra de un paquete de diez vuelos por más de 42.000 dólares, también pagados en efectivo, lo que abre interrogantes sobre la trazabilidad de los fondos.

El relato del piloto entra en contradicción directa con las declaraciones públicas de Adorni, quien en reiteradas oportunidades sostuvo que el viaje fue financiado “de punta a punta” con dinero propio. Incluso, en entrevistas posteriores, aseguró haber gastado menos de 4.000 dólares en total y evitó brindar detalles sobre la operación.

Por su parte, Grandio también había ofrecido versiones cambiantes: primero afirmó haber invitado al funcionario, luego sostuvo que este le había devuelto el dinero. Sin embargo, la reconstrucción presentada en sede judicial pone en duda ambas explicaciones.

La investigación está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si existió un pago indebido a un funcionario público o un incremento patrimonial injustificado. En ese marco, la Justicia ordenó una serie de medidas, entre ellas el relevamiento de registros en el aeropuerto de San Fernando, pedidos de información a la ANAC sobre los planes de vuelo y requerimientos a la Aduana para verificar los controles realizados.

El eje del expediente no se limita al viaje en sí, sino a la posible incompatibilidad entre el costo del vuelo y los ingresos declarados por el jefe de Gabinete. Según la denuncia que originó la causa, el gasto representaría varias veces su salario mensual, lo que podría configurar un caso de enriquecimiento ilícito o la recepción de dádivas.

Con el nuevo testimonio incorporado, la situación judicial de Adorni se vuelve más delicada. La clave ahora estará en determinar quién pagó realmente el viaje y si ese financiamiento implicó un beneficio indebido para un funcionario en ejercicio.