REGIONAL | 2 MAR 2026
La Defensoría del Pueblo rechazó el aumento del 45,9% solicitado por EdERSA en la audiencia pública
El organismo cuestionó la falta de correlación entre el incremento pedido, la eficiencia del servicio y la capacidad de pago de los usuarios, y advirtió indicios de transferencia de riesgos empresariales.
La discusión por la tarifa eléctrica en Río Negro sumó un capítulo clave durante la audiencia pública de revisión tarifaria, donde la Defensoría del Pueblo rechazó el aumento del 45,9% solicitado por la distribuidora EdERSA. La postura fue expuesta por la defensora Adriana Santagati, quien remarcó que el pedido “no presenta correlación suficiente con la eficiencia del servicio ni con la evolución de los ingresos de los usuarios”.
El planteo apuntó a la razonabilidad económica del incremento y al impacto que tendría en los hogares rionegrinos. Según explicó Santagati, la suba no se trasladaría de manera uniforme a las facturas, ya que variaría según el tipo de cargo —fijo o variable— y la categoría del usuario, como T1R1 y T1R2, lo que generaría efectos desiguales.
Evaluación técnica y criterios constitucionales
El equipo técnico de la Defensoría analizó la propuesta bajo parámetros de equidad tarifaria, asignación de riesgos y derechos económicos de los usuarios, en línea con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Desde ese encuadre, concluyó que el pedido no cumple con los estándares de proporcionalidad exigidos para una actualización de esta magnitud.
El organismo advirtió además indicios de traslado de riesgos empresariales hacia los usuarios sin justificación objetiva, junto con señales de ineficiencia operativa vinculadas a pérdidas crecientes y costos estructurales sin mecanismos claros de control.
Cuestionamientos al modelo tarifario propuesto
Santagati profundizó su crítica al esquema planteado por EdERSA. Señaló que la empresa busca asegurar previsibilidad de ingresos mediante:
- Desenergización del Valor Agregado de Distribución (VAD).
- Mayor peso de la red adaptada en el modelo MEI.
- Anualidad de la declaración de potencia.
- Automatización de cortes a través de medidores prepagos.
Según la Defensoría, estos mecanismos desvinculan la rentabilidad de la eficiencia real en la prestación del servicio y no acreditan que el aumento solicitado sea estrictamente necesario para sostener la calidad operativa.
Impacto social y capacidad de pago
El organismo también incorporó una mirada sobre el contexto económico de los hogares rionegrinos. En un escenario de ingresos ajustados, cualquier incremento tarifario adquiere un peso significativo en la economía familiar, por lo que —sostuvo— la propuesta debe evaluarse con criterios de sensibilidad social.
La definición queda en manos del ente regulador
Con estos argumentos, la Defensoría del Pueblo rechazó formalmente el requerimiento de ingresos presentado por EdERSA en los términos actuales. Ahora será el ente regulador quien deberá resolver si convalida total, parcialmente o descarta el incremento solicitado.
