La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizó que esta semana se liquidarán los salarios adeudados a los trabajadores aeroportuarios y, ante ese compromiso, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió postergar por cinco días hábiles el paro que había sido convocado para este lunes 2 de febrero. La medida de fuerza quedó reprogramada para el lunes 9, en caso de no verificarse avances concretos.
El conflicto se originó luego de que las autoridades del organismo dieran marcha atrás con el aumento salarial acordado, reliquidaran los haberes y no abonaran los sueldos en tiempo y forma, lo que motivó la convocatoria gremial.
Desde el sindicato aclararon que la postergación del paro no implica una solución definitiva. “Las autoridades saben que no alcanza sólo con pagar los salarios, se tiene que liquidar el aumento acordado. Esta semana tienen que verificarse avances. Son los funcionarios del Gobierno quienes con su incumplimiento generaron un conflicto innecesario”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
En ese sentido, el dirigente remarcó que la responsabilidad ante una eventual paralización del servicio recaerá exclusivamente sobre el Ejecutivo nacional. “La sociedad tiene que saber que si se interrumpen las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno”, afirmó.
Aguiar también advirtió sobre el impacto de las decisiones oficiales en los ingresos de los trabajadores: “Los trabajadores nos negamos a ser manoseados, y más aún a que se metan con la integralidad de nuestros salarios. Esperamos que se recapacite y se abra un ámbito de diálogo”.
ATE informó que notificará formalmente la medida de fuerza con cinco días hábiles de anticipación, en cumplimiento de los plazos legales y teniendo en cuenta la esencialidad de los servicios aeroportuarios.
De no resolverse el conflicto, el paro previsto para el lunes 9 de febrero alcanzará a trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo, entre otros sectores, en más de 27 aeropuertos del país. La medida afectaría a todos los vuelos, con excepción de los servicios de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos.