En plena tensión política y social, Román se toma licencia y deja la conducción del municipio de Allen

El intendente de Allen, Marcelo Román, solicitó licencia por tiempo indeterminado luego de sufrir un accidente doméstico que, según argumentó, le impide concurrir a su despacho y desempeñar con normalidad sus funciones. La decisión se conoce en un contexto particularmente complejo para la administración municipal, atravesada desde hace meses por conflictos internos, reclamos gremiales y un marcado desgaste político de la gestión.

De acuerdo a la información oficial, el jefe comunal recibió atención médica y, por recomendación de los profesionales, deberá guardar reposo y someterse a distintos estudios para evaluar la evolución de la lesión sufrida. Desde el Gobierno municipal señalaron que se trata de una licencia de carácter preventivo y que Román retomará sus funciones una vez que obtenga el alta médica, aunque el pedido elevado no fija plazos concretos y establece una licencia por tiempo indeterminado.

El alejamiento temporal del intendente se produce mientras la Municipalidad de Allen enfrenta un paro municipal, protestas de los trabajadores y fuertes reclamos de los gremios, además de renuncias en áreas clave del gabinete. A este escenario se suman los reiterados pedidos de dimisión que distintos sectores políticos y sociales vienen planteando contra Román, lo que profundizó la crisis institucional en la ciudad.

Ante esta situación, y mientras dure la licencia del jefe comunal, la conducción del Ejecutivo local quedó en manos de Cristina Bravo, actual secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Allen, quien asumió de manera interina la intendencia. Su designación busca garantizar la continuidad administrativa y el funcionamiento básico del municipio en medio de un escenario de alta conflictividad.

La licencia del intendente, en este marco, agrega un nuevo capítulo a la crisis política que atraviesa Allen y abre interrogantes sobre el futuro inmediato de la gestión, en un contexto donde la estabilidad institucional y la resolución del conflicto con los trabajadores aparecen como los principales desafíos para las autoridades locales.