Tras una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro presentó a los gremios estatales una propuesta de actualización salarial trimestral atada al IPC-Viedma, sin contemplar una recomposición por el cierre de 2025. La oferta generó un fuerte rechazo de la UPCN y una postura más cauta por parte de ATE, que la consideró un avance, aunque insuficiente. Ante la falta de acuerdo, las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero.
Desde la UPCN, el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi calificó la propuesta como “una promesa vacía” y exigió un aumento real. A través de un comunicado, el sindicato advirtió que los trabajadores estatales continúan percibiendo los mismos salarios desde septiembre del año pasado, mientras los costos de vida siguen en alza. “No se nos presenta ninguna medida concreta que demuestre que este gobierno esté dispuesto a invertir verdaderamente en los trabajadores”, señalaron.
El gremio también cuestionó la falta de respuestas frente a la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo. “¿Cómo se supone que un trabajador público pueda proyectar su desarrollo si sus esfuerzos no son reconocidos?”, plantearon, y reclamaron una recomposición salarial urgente que reponga lo perdido durante 2025 y se adecúe a la realidad económica de 2026.
Por su parte, el Gobierno defendió la propuesta en base a la situación fiscal de la provincia. El gobernador Alberto Weretilneck había señalado días atrás que los recursos crecieron por debajo de la inflación, lo que —según explicó— impide otorgar aumentos por encima de la recaudación. En ese marco, se detalló que mientras la inflación interanual nacional alcanzó el 31,5%, en Río Negro fue del 21,99%, de acuerdo a los registros del IPC-Viedma.
La propuesta oficial contempla un mecanismo de actualización trimestral basado en ese índice provincial, que históricamente se ubica por debajo del promedio nacional. En diciembre, por ejemplo, el IPC nacional fue del 2,8%, mientras que en Viedma se ubicó en el 2,4%.
ATE, en tanto, evaluó la oferta como “un avance significativo”, pero dejó en claro que no alcanza para cerrar un acuerdo. La secretaria general adjunta del gremio, Leticia Lapalma, sostuvo que debe existir una reparación por la pérdida salarial que algunos escalafones sufrieron durante 2025 y reclamó previsibilidad para los primeros meses del año.
Además, el sindicato exigió la actualización y fijación de fechas de pago para conceptos como Ayuda Escolar e Indumentaria, un incremento en las Asignaciones Familiares, el fin de las contrataciones precarias y el cumplimiento de las recategorizaciones adeudadas. Para ATE, la actualización por IPC es una conquista, pero advirtió que debe complementarse con otros ítems para garantizar ingresos integrales y salarios dignos para los trabajadores estatales.