El barrio de Lomas de Zamora donde el Estado se rinde ante el narcotráfico

Ariadna Gaete llegó desde Formosa en 2017 con un proyecto de vida sencillo y legítimo: estudiar, trabajar y construir un futuro. Ocho años después, duerme donde puede, sin empleo, sin pertenencias y bajo amenazas de muerte. Su “delito” fue heredar legalmente una vivienda ubicada en la calle Grigera al 1872, un inmueble que, según denuncias vecinales, se encuentra dentro de un territorio controlado por una estructura delictiva local.

 

La vivienda pertenecía a su tía, Silvia Gladys de Palma, quien falleció tras una larga enfermedad. No tenía hijos y Ariadna era su heredera. Lo que la joven no imaginó fue que, incluso antes del duelo, otros ya consideraban la casa como un botín disponible. Las primeras señales fueron comentarios intimidatorios y preguntas insistentes sobre cuándo regresaría a su provincia. Luego, la violencia escaló.

 

Días después del fallecimiento, al regresar de hacer compras, Ariadna encontró a cinco personas dentro de su casa. Estaban armadas. Según su testimonio, fue amenazada de forma explícita: le dijeron que se fuera o “terminaría muerta y violada”. No fue un robo común ni un conflicto vecinal: fue un mensaje de control territorial.

Ariadna acudió de inmediato a la Comisaría 7ª de Banfield y radicó la denuncia. Tras una demora burocrática, regresó al domicilio con presencia policial, luego de llamar al 911. Para entonces, la casa había sido saqueada por completo: electrodomésticos, dinero, ropa y documentos personales. Pero lo más grave no fue la pérdida material, sino la certeza de que los ocupantes continuaban allí.

 

La causa quedó radicada en la UFI N° 11 bajo la IPP 07-00-001700-26/00. Ariadna solicitó un botón antipánico y una restricción perimetral contra quien sería el cabecilla de la usurpación: Santiago Brizuela, alias “Moncho”, con antecedentes por robos reiterados y recientemente excarcelado. Sin embargo, las medidas de protección no se concretaron.

Según testimonios recogidos en el barrio, Brizuela no sería un delincuente aislado. Es propietario de un local de comidas conocido como “Lo de Poly”, ubicado en Grigera al 1900. Vecinos afirman, bajo reserva de identidad, que el comercio funcionaría como fachada para la venta de estupefacientes y que desde allí se ejerce control sobre la cuadra. “Todo el mundo sabe quién manda acá”, repiten, siempre con miedo.

 

La connivencia, el silencio y la feria

 

En la misma cuadra funciona la llamada “Feria de Larroque”, un espacio comercial tradicional que, según denuncias vecinales, convive con usurpaciones, robos y venta de drogas. La proximidad entre estos espacios y la ausencia de controles alimenta la percepción de una zona sin ley.

 

Los vecinos sostienen que la impunidad se explicaría por vínculos informales entre los responsables de estas actividades y sectores policiales y municipales. No hablan de protección explícita, sino de algo más difícil de probar y más efectivo: la omisión sistemática. Patrulleros que no ingresan, denuncias que no avanzan, medidas judiciales que no se ejecutan.

 

Cuando Ariadna intenta acercarse a su casa, recibe insultos y nuevas amenazas. Cuando vuelve a denunciar, algunos efectivos le reconocen que “prefieren no entrar al barrio” por temor a enfrentamientos. El resultado es un círculo cerrado: el crimen ocupa el territorio que el Estado abandona.

 

A cien metros de la Justicia

 

El dato más contundente es geográfico: el Palacio de Tribunales de Lomas de Zamora se encuentra a poco más de cien metros del domicilio usurpado. La Justicia está físicamente cerca, pero materialmente ausente. Denuncias, expedientes y pedidos de protección no logran traducirse en hechos concretos.

 

En ese contexto, la pregunta inevitable apunta a las autoridades políticas del distrito. ¿Puede el intendente Federico Otermín desconocer lo que ocurre en una de las zonas más sensibles de Banfield? Para los vecinos, la respuesta ya no importa. La confianza en el discurso oficial se diluyó frente a una realidad cotidiana marcada por el miedo y el silencio.

 

Cuando el Estado retrocede

 

Hablar de “mexicanización” puede sonar extremo, pero la lógica es conocida: narcotráfico de baja escala, control territorial, amenazas, desplazamiento de vecinos y connivencia institucional. No hace falta un gran cártel para quebrar el Estado de Derecho; alcanza con que nadie intervenga.

 

Ariadna Gaete hoy es el rostro de ese fracaso. Perdió su casa, su trabajo y su seguridad personal. Conserva únicamente los papeles que acreditan la propiedad del inmueble, documentos que en la calle Grigera valen menos que la violencia que impone quien controla el barrio.

 

Ariadna no pide privilegios. Pide algo elemental: poder volver a vivir en su casa sin miedo. En Banfield, a cien metros de los tribunales, ese derecho básico sigue sin respuesta.

 

No queremos que Ariadna sea asesinada

Pero en este rincón de Lomas de Zamora, esa frase no suena como una consigna, sino como una advertencia. La pregunta final queda abierta: ¿cuántas Ariadnas más serán necesarias para que alguien decida actuar?