A diez días de la intimación del CECIM, Milei quedó al borde de una denuncia penal por Malvinas

A diez días de haber sido intimado formalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, el presidente Javier Milei optó por el silencio y no respondió la carta documento que le exigía una retractación pública en un plazo de 24 horas. La omisión, lejos de ser un gesto neutro, es interpretada por los excombatientes como una ratificación tácita de sus declaraciones al diario británico The Telegraph, donde supeditó la soberanía argentina sobre las islas al “deseo” de los habitantes de la colonia.

El vencimiento de los plazos legales dejó al mandatario en una situación de extrema gravedad institucional. Según anticiparon desde el CECIM, la presentación judicial contra Milei es inminente y podría encuadrarse en el artículo 248 del Código Penal, que tipifica el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Desde la organización de excombatientes remarcan que el Presidente fue debidamente notificado de que sus expresiones contradicen de manera directa la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y obliga al Estado a recuperarlas por medios pacíficos, respetando el derecho internacional.

El silencio como confirmación política

En términos jurídicos, la falta de respuesta a una intimación formal sobre actos que comprometen la integridad territorial del país se interpreta como una reafirmación de la conducta denunciada. Para el CECIM, el silencio presidencial confirma una línea política alineada con la doctrina del Foreign Office británico.

Al no retractarse, Milei ratifica tres definiciones centrales que generan alarma:

• Mantiene la idea de la autodeterminación de los kelpers como condición para la recuperación de las islas, una postura históricamente rechazada por el Estado argentino.

• Desconoce el mandato constitucional de defender la soberanía nacional sobre el Atlántico Sur.

• Habilita la vía penal al quedar configurado el dolo, es decir, la voluntad consciente de incumplir los deberes inherentes a su cargo.

Denuncia penal y Juicio Político en el horizonte

El artículo 248 del Código Penal prevé sanciones de prisión e inhabilitación para el funcionario público que dicte resoluciones contrarias a la Constitución o ejecute actos ilegales con conocimiento de su ilicitud. A diferencia de otras figuras penales vinculadas al incumplimiento administrativo, este delito requiere intención y conciencia del acto, un punto clave en la estrategia judicial que evalúan los excombatientes.

Pero el conflicto no se limita al plano judicial. Desde el CECIM advierten que la negativa del Presidente a ratificar la soberanía argentina ante un reclamo directo de veteranos de guerra coloca al país en un escenario de gravedad institucional sin precedentes y reactiva el debate sobre un eventual Juicio Político en el Congreso de la Nación.

La falta de reacción parlamentaria, sostienen, podría interpretarse como una convalidación política de una conducta que pone en cuestión la integridad territorial y el orden constitucional.

Una señal hacia el exterior

Mientras en la Casa Rosada no hubo pronunciamientos oficiales, el mensaje hacia Londres y Puerto Argentino es inequívoco: la Argentina tiene un presidente que evita reafirmar su soberanía frente al Reino Unido. Para los excombatientes, cada día de silencio consolida la ocupación británica y el control de los recursos naturales del Atlántico Sur.

Con los plazos vencidos y la vía judicial abierta, el conflicto entra ahora en una etapa decisiva. El reloj político y el judicial avanzan a ritmos distintos, pero ambos comenzaron a correr para una gestión presidencial que, por omisión, quedó en el centro de una de las controversias más sensibles de la historia institucional argentina.