El texto, al que accedió Energy Report de Ámbito y que circuló durante semanas bajo carácter confidencial, propone una “adecuación” de la Ley 26.639 que implica un cambio estructural: abandonar un esquema de protección amplia de glaciares y ambientes periglaciales para reemplazarlo por un sistema de evaluaciones caso por caso, con fuerte protagonismo de las provincias y menor peso de los organismos científicos nacionales.
La iniciativa es impulsada por el Poder Ejecutivo en el marco de una agenda legislativa dominada por reformas estructurales y ajustes regulatorios, y cuenta con el respaldo explícito de gobernadores de provincias cordilleranas vinculadas al litio y al cobre. Para organizaciones ambientales y especialistas, se trata de un retroceso que debilita una de las normas ambientales más importantes del país.
De la protección preventiva al filtro productivo
Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición del ambiente periglacial y del Inventario Nacional de Glaciares. A partir de la nueva redacción, solo quedarían alcanzadas por la ley aquellas geoformas que cumplan una “función hídrica estratégica comprobada”, dejando afuera amplias zonas actualmente protegidas de manera preventiva.
Aunque el texto invoca el principio precautorio, introduce una cláusula clave: una vez que la autoridad ambiental determine que una geoforma no cumple función hídrica, deja automáticamente de estar protegida por la ley de Glaciares. En la práctica, esto traslada la carga de la protección desde el Estado nacional hacia evaluaciones administrativas provinciales, muchas de ellas bajo fuerte presión económica y política.
El proyecto también limita el rol del IANIGLA, organismo científico responsable del inventario, al establecer que la falta de actualización del registro no invalida autorizaciones otorgadas por las provincias. De este modo, se despeja uno de los principales “obstáculos” que enfrentaban los proyectos mineros: la incertidumbre jurídica derivada de la protección ambiental.
Provincias con poder de veto ambiental
Otro punto sensible es la redefinición de las autoridades competentes. La adecuación refuerza el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales y les otorga la potestad de identificar qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen funciones hídricas. Esto implica que la misma jurisdicción interesada en promover inversiones será la encargada de determinar el alcance de las prohibiciones.
Además, si bien se mantiene formalmente la prohibición de actividades como la minería o los hidrocarburos en glaciares con función hídrica, la definición de qué constituye una “alteración relevante” queda sujeta a estudios de impacto ambiental provinciales, desplazando la prohibición general por un análisis técnico flexible y fragmentado.
Gobernadores alineados y presión inversora
El proyecto cuenta con el respaldo político de los gobernadores que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, quienes enviaron una carta al presidente Javier Milei reclamando la modificación de la ley. En el documento, los mandatarios sostienen que la normativa vigente generó “incertidumbre regulatoria” y “paralización de inversiones”, y plantean que la adecuación es necesaria para el desarrollo productivo.
La misiva está firmada, entre otros, por Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), provincias donde avanzan proyectos mineros de gran escala que hasta ahora encontraban límites en la legislación ambiental.
Un debate que anticipa conflicto
Desde sectores ambientales advierten que la reforma implica un vaciamiento progresivo de la ley de Glaciares y una subordinación de la política ambiental a la lógica extractiva. Señalan que la función hídrica de los glaciares no siempre es inmediata ni fácilmente mensurable, y que la protección preventiva es clave en un contexto de crisis climática y estrés hídrico creciente.
El Gobierno, en cambio, presenta la iniciativa como una modernización necesaria para compatibilizar ambiente y desarrollo. Sin embargo, el trasfondo del proyecto muestra una prioridad clara: destrabar inversiones mineras de alto impacto, incluso a costa de debilitar estándares ambientales que fueron fruto de años de debate y consenso social.
El tratamiento legislativo, previsto para sesiones extraordinarias o eventualmente para febrero, anticipa un debate intenso en el Congreso y un nuevo foco de conflicto entre el Ejecutivo, las provincias, las organizaciones ambientales y amplios sectores de la sociedad civil.
La discusión sobre la Ley de Glaciares vuelve así al centro de la escena, no como una actualización técnica, sino como una disputa de fondo sobre el modelo de desarrollo y el rol del Estado en la protección de los bienes comunes.
