El Gobierno acelera las extraordinarias y designa a Patricia Bullrich para conducir el debate por la reforma laboral en el Senado

El Poder Ejecutivo decidió adelantar la convocatoria a sesiones extraordinarias y definió el esquema político con el que buscará avanzar en la reforma laboral. Según confirmaron en Casa Rosada, la senadora Patricia Bullrich será la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social durante el tratamiento del proyecto, con la misión de ordenar la negociación en la Cámara Alta y conducir los debates centrales. Una vez finalizada la discusión, Bullrich renunciará a ese cargo.

Las extraordinarias, previstas entre el 10 y el 30 de diciembre, comenzarán con el tratamiento del Presupuesto y la denominada ley de Inocencia fiscal. En paralelo, el oficialismo intentará constituir las comisiones específicas para los proyectos que enviará el Ejecutivo. Si el debate laboral no concluye en diciembre, el Gobierno prevé extenderlo a enero de 2026.

En la Casa Rosada aseguran que esta vez el diálogo político está más ordenado. El esquema definido ubica a Bullrich como articuladora con los senadores, a Martín Menem como enlace con Diputados y a Diego Santilli como interlocutor con los gobernadores. Los pedidos o modificaciones serán derivados a las áreas técnicas correspondientes, como Economía o Jefatura de Gabinete.

El proyecto de reforma laboral —que el Gobierno considera ya terminado— apunta a reducir los costos de despido y limitar la litigiosidad. Aunque no se prevé establecer topes a las indemnizaciones, se avanzará en la “clarificación” de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo para reducir la discrecionalidad judicial al fijar montos indemnizatorios. La iniciativa también contempla invertir la carga de la prueba en casos de daños y perjuicios, que el trabajador deberá demostrar, y define un mecanismo de actualización basado en el IPC del INDEC más un 3% anual.

El oficialismo sostiene que los cambios permitirán mayor previsibilidad para las empresas y un potencial incremento del empleo, especialmente a través de convenios que reconozcan diferencias regionales y habiliten escalas salariales adaptadas a zonas de menor desarrollo. Las estimaciones internas proyectan una suba de hasta el 17% en la ocupación en el noroeste argentino.

Como parte de las negociaciones, los gremios mantendrían las cajas sindicales, un punto clave para conseguir apoyos legislativos. Sin embargo, la resistencia sindical persiste. La semana pasada, tras una extensa reunión con Santiago Caputo en el marco del Consejo de Mayo, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, reiteró su rechazo a la reforma.

Con definiciones políticas y un borrador avanzado, el Gobierno apuesta a que el Senado sea el escenario donde se dé el primer gran debate de lo que considera una pieza central de su programa económico.