Tras los reclamos y el informe de Santagati, el Gobierno impulsa una fuerte reducción impositiva en luz y gas

Después de meses de reclamos sociales, advertencias de asociaciones de usuarios y del impacto político generado por el informe elaborado por el defensor del Pueblo, Adrián Santagati —que expuso la presión impositiva sobre los servicios básicos en Río Negro—, el Gobierno provincial dio un giro y decidió avanzar con una reducción histórica en los cargos aplicados a las facturas de luz y gas.

El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, que incluye una disminución del 60% en la carga de Ingresos Brutos sobre la distribución eléctrica y gasífera. La iniciativa propone bajar la alícuota del 2,5% vigente al 1%, lo que se traducirá en una baja inmediata en el monto final de las boletas y ubicará a Río Negro entre las provincias con menor presión impositiva en estos consumos.

Según el Ejecutivo, la medida representa un alivio anual de 6.300 millones de pesos, que alcanzará a 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares eléctricos, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias. Se trata de uno de los recortes impositivos más amplios en servicios públicos aplicados por la provincia en los últimos años.

El proyecto llega en medio de un escenario económico hostil, con costos crecientes y una recuperación lenta para comercios, pymes e industrias. El Gobierno reconoce que se trata de una decisión “fiscalmente relevante”, pero plantea que la prioridad es acompañar a las familias y “aliviar el costo de los servicios” tras el deterioro del poder adquisitivo y la acumulación de reclamos por aumentos tarifarios.

El efecto será directo: al reducir la alícuota que se calcula en función del consumo, el descuento impactará de manera automática en las próximas liquidaciones de luz y gas. En el oficialismo destacan que la combinación de presión social, el debate público instalado en las últimas semanas y el peso del informe de Santagati aceleraron la decisión política de avanzar con una corrección impositiva que hasta hace algunos meses no estaba en agenda.

A la par de esta reducción en servicios esenciales, la Ley Impositiva 2026 mantiene sin modificaciones todas las demás alícuotas de Ingresos Brutos que rigen actualmente. Con esto, el Gobierno busca ofrecer previsibilidad al sector productivo, que venía advirtiendo sobre el impacto de los costos fiscales en un contexto de ventas moderadas y márgenes ajustados.

El proyecto será debatido en la Legislatura en los próximos días y el oficialismo confía en lograr un respaldo mayoritario, argumentando que la baja en la presión impositiva apunta a recomponer la economía cotidiana de los hogares y crear mejores condiciones para producir y trabajar en toda la provincia.