Escándalo en la causa ANDIS: ordenaron secuestrarle el celular a un empresario clave, pero Migraciones y la PSA se demoraron y el teléfono “desapareció”

El caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo explosivo que compromete directamente a organismos de control del Estado. Sergio Mastropietro, empresario vinculado a la aviación privada y señalado como pieza central en el circuito financiero que habría lavado dinero proveniente de sobreprecios y retornos dentro del organismo, logró evitar que la Justicia secuestrara su teléfono celular en un operativo que terminó en un papelón institucional.

La orden había sido emitida por el juez federal Sebastián Casanello. Los agentes de Migraciones y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) debían requisar los dispositivos de Mastropietro en el momento exacto en que aterrizara en Aeroparque proveniente de Miami. Sin embargo, el procedimiento jamás se concretó.

El empresario, que viajaba en un avión privado, modificó su ruta originalmente directa e hizo una escala sorpresiva en Tucumán, donde realizó una llamada telefónica cuyo destinatario sigue siendo un misterio. Cuando finalmente llegó al aeroparque porteño, pasó por Migraciones sin que nadie lo detuviera. Recién después los organismos tomaron conciencia de que existía una orden judicial estricta para secuestrarle sus dispositivos electrónicos.

Cuando los agentes salieron a buscarlo, Mastropietro ya estaba fuera del aeropuerto. Lo alcanzaron minutos después, pero les aseguró que no tenía ningún teléfono consigo y que lo había “dejado en otro lugar”, sin poder explicar dónde ni cómo. El relato fue considerado inverosímil incluso por los propios funcionarios que intervinieron.

A Bullrich se le acaba de perder el celular del nexo de Fred Machado en las coimas del ANDIS.

El mismo narco que giraba plata a Espert y Lácteos Vidal, empresa que financió su campaña y quería comprar una mina de oro con Cicarelli, pareja de Villaverde.

Siguen las casualidades. pic.twitter.com/EXv0JBnvcJ

— Martin Soria (@MartinSoria_) November 27, 2025

Desde el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, derivaron la responsabilidad hacia la PSA. La fuerza, en cambio, argumentó que Migraciones no avisó a tiempo y que ellos actuaron cuando ya era tarde. Lo concreto es que la Justicia nunca obtuvo el teléfono del empresario, un elemento que podría contener pruebas decisivas en la investigación. Ahora, el episodio podría derivar en una denuncia formal por irregularidades en el procedimiento.

Este nuevo escándalo se suma al clima de sospechas que rodea a los controles aeroportuarios. Aún sigue abierta la investigación por el arribo de otro avión privado —también desde Miami— que en febrero transportó a una empleada del empresario cercano al gobierno, Santiago Caputo, con diez valijas que no fueron revisadas. En aquel caso, el Gobierno negó cualquier irregularidad hasta que las imágenes de las cámaras exhibieron la intervención de un funcionario de Aduana que permitió el paso sin controles.

En la trama interna del caso ANDIS, la figura de Mastropietro aparece en el centro de un sistema que la fiscalía describe como una maquinaria montada para direccionar compras, manipular licitaciones y canalizar retornos millonarios. El fiscal Franco Picardi sostiene que el empresario actuó como receptor, administrador y presunto lavador del dinero proveniente del núcleo liderado por Miguel Ángel Calvete dentro del organismo, en articulación con funcionarios como Diego Spagnuolo.

La conexión entre Mastropietro y el mundo de la aviación privada no es casual. La empresa Baires Fly, utilizada supuestamente para emitir facturas que blanqueaban fondos de origen irregular, habría servido de plataforma para triangular cientos de millones de pesos provenientes de droguerías favorecidas por las compras direccionadas del programa “Incluir Salud”. Las transferencias enviadas por Calvete y facturadas por Mastropietro con conceptos calcados son parte central de la acusación.

La investigación también reveló vínculos con empresarios y dirigentes políticos de Río Negro. El dueño de Baires Fly fue piloto de la gobernación provincial, y tanto Fred Machado —expresidente de sociedades con Mastropietro y financista político— como la diputada Lorena Villaverde, cercana al presunto narco, tienen fuerte presencia en esa provincia. Una nota enviada desde el Ministerio de Seguridad a Estados Unidos confirmó que Machado y Mastropietro compartieron domicilios, vuelos privados y actividades empresariales desde hace años.

En octubre, los allanamientos del caso dejaron al descubierto una estructura aceitada: registros de visitas cruzadas, movimientos de dinero en efectivo, reuniones simultáneas entre Calvete, Mastropietro y otros miembros del grupo, así como la participación de proveedores que concentraron más del 90% de las compras por cifras que superaron los 30.000 millones de pesos.

Pese al peso de toda esta evidencia, el episodio del aeropuerto expuso una falla grave que beneficia directamente al empresario más comprometido en la causa. El teléfono que debía ser secuestrado desapareció en manos de organismos que tenían la orden precisa de retenerlo. Una situación que no solo oscurece la investigación, sino que deja otra vez al desnudo la fragilidad de los controles estatales frente al poder económico y político que rodea a este entramado de corrupción.