Villaverde, el Senado bajo presión y un Congreso que decidirá este viernes su ingreso

La disputa por la banca de Lorena Villaverde no es un episodio aislado ni un capricho coyuntural: es la reedición de un conflicto histórico que aparece cada vez que un nombre cuestionado intenta ingresar al Congreso. Pero esta vez el caso expone algo más profundo: el deterioro del estándar ético en la política argentina y la comodidad con la que distintos bloques usan las impugnaciones como herramienta de presión legislativa.

El planteo del PJ rionegrino es brutal en su formulación. Acusa a la senadora electa de La Libertad Avanza de tener un “pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador”, algo que según el escrito la vuelve “inhabilitada moral, ética y constitucionalmente” para asumir. La detención de Villaverde en Estados Unidos en 2002 por tenencia de drogas —una causa ya cerrada— y sus supuestos vínculos con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Federico “Fred” Machado, extraditado y acusado por la Justicia norteamericana de nexos con el narcotráfico, componen el corazón de la impugnación.

El tratamiento del caso vuelve a poner en primer plano un mecanismo poco visible pero decisivo: la facultad del Congreso, consagrada en el artículo 64 de la Constitución, para convertirse en juez de las “elecciones, derechos y títulos” de sus miembros. Una potestad que, lejos de ser un formalismo, definió algunos de los capítulos más controvertidos de la política argentina en democracia.

Los antecedentes son elocuentes. Antonio Bussi fue rechazado en 2000 por su rol en la dictadura; Luis Patti corrió la misma suerte tras ser vinculado con delitos de lesa humanidad; Eduardo Borocotó terminó fijando un criterio histórico al confirmar que el mandato es personal y no partidario; Gerardo Montenegro atravesó una tormenta institucional cuando la UCR objetó la representación completa del Frente para la Victoria en Santiago del Estero; Raúl “Tato” Romero Feris fue uno de los pocos casos donde la Justicia directamente prohibió su asunción por causas vinculadas al enriquecimiento ilícito. Todos episodios que, con mayor o menor intensidad, marcaron la frontera entre la legitimidad electoral y la idoneidad ética.

El caso Villaverde se inscribe en esa tradición, pero con un condimento adicional: la disputa política de fondo. La senadora electa entrará a un recinto donde La Libertad Avanza debutará con 21 bancas, suficientes para resistir el avance opositor con ayuda de sus aliados. Y ese es el punto central que nadie dice en voz alta: detrás del discurso moralista, la discusión real es de poder. La oposición busca limitar la agenda legislativa del oficialismo en un momento donde Milei llega fortalecido y con intención de mover piezas claves en el Senado.

Mientras tanto, el procedimiento interno vuelve a mostrar sus grietas. En Diputados existen sólo dos causales concretas para impedir una jura: falta de requisitos constitucionales o irregularidades electorales. En el Senado, en cambio, el sistema es mucho más discrecional. Los senadores electos pueden incluso integrar el quórum de la sesión preparatoria donde se evalúa su propio pliego. Y aunque no votan sobre su caso, sí participan del clima político que rodea la discusión. No hay umbral específico para rechazar una incorporación, y la Cámara suele actuar según correlaciones de fuerza más que por marcos normativos estrictos.

Ese vacío normativo convierte cada impugnación en una prueba de músculo político. Y el caso Villaverde lo confirma. No se trata sólo de revisar los antecedentes de una candidata, sino de confirmar quién tiene hoy capacidad de imponer condiciones en un Senado fracturado, tensionado y atravesado por historias similares desde hace décadas.

La sesión del viernes, donde se definirá si Villaverde jura o es desplazada por su reemplazante, será un momento de alto voltaje político. No sólo por el contenido de la acusación, sino porque dejará al descubierto nuevamente la dualidad que arrastra el Congreso desde siempre: la exigencia ética como bandera discursiva y el cálculo de poder como motor real detrás de cada decisión.