Una grave denuncia conmueve a la comarca Viedma-Patagones: más de diez mujeres denunciaron la existencia de un grupo de Telegram en el que se comercializaban fotos íntimas obtenidas y distribuidas de manera ilegal, muchas de ellas correspondientes a más de 200 mujeres locales.
Las presentaciones judiciales fueron realizadas ante la Fiscalía N.º 3, a cargo de José Chirinos, y derivaron en un allanamiento en la vivienda de Rodrigo Nicolás Mora, señalado como el principal armador y administrador del grupo.
Según informó el fiscal Chirinos a la prensa local, los investigadores sospechan que para ingresar al grupo se debía aportar nuevas fotos o pagar una suma de dinero al denunciado.
El operativo se realizó el jueves 23 de octubre, en una vivienda del barrio Santa Clara, sobre la primera cuadra de calle Neuquén. Allí se secuestraron tres computadoras, dos teléfonos celulares y varios dispositivos de almacenamiento, que ahora serán sometidos a peritajes.
Además, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares en la que se dispuso la prohibición de contacto y acercamiento del acusado hacia cualquiera de las víctimas.
Entre los testimonios recabados, varias mujeres señalaron que las imágenes comercializadas fueron tomadas cuando eran menores de edad, lo que podría derivar en acusaciones por distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), uno de los delitos más graves contemplados en el Código Penal.
Durante la investigación también surgió el nombre de Sebastián León, técnico de celulares, quien habría participado en la obtención o circulación de los archivos y es ahora objeto de indagación por parte de la Fiscalía.
Otro aspecto que agrava el caso es que junto con las imágenes se difundían datos personales de las mujeres, como direcciones, lugares de trabajo y perfiles de redes sociales, lo que facilitaba el acoso y el hostigamiento hacia las víctimas.
La causa, que continúa en etapa de instrucción, expone una trama de violencia digital, violación a la intimidad y explotación sexual, y reabre el debate sobre la necesidad de políticas activas de prevención y persecución de delitos informáticos de género en la región.