La detención y el pedido de extradición contra Federico “Fred” Machado —acusado en Estados Unidos de asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude— dejaron de ser una noticia judicial para convertirse en un tema político central en Río Negro. Desde que la prensa federal comenzó a vincular al empresario con aportes, viajes y vínculos personales con figuras públicas, la campaña por bancas nacionales se volvió terreno de acusaciones, desmentidas y maniobras de imagen.
Lo que inicialmente era un foco nacional —relacionado con la crisis que salpicó al espacio de José Luis Espert y La Libertad Avanza— desplazó el eje hacia la política provincial cuando aparecieron nombres locales en la trama. Periodísticos locales y nacionales señalaron la presencia de actores cercanos a Machado —en particular Claudio Ciccarelli, señalado como su primo— con adscripciones y vínculos que alcanzan a la diputada y candidata Lorena Villaverde, y a personas cercanas al bloque del senador/candidato Facundo López. Esos nexos, reales o percibidos, obligaron a los partidos a reaccionar con distancia pública, querellas y demandas de explicaciones. Íncluso las respuestas del oficialismo regional también se liberaron a la corriente, mostrando imagenes que asegurar probar un vínculo del actual diputado y candidato a Senador, Martín Soria y figuras asociadas a este tipo de negocios.
Esa reacción no es inocua en términos electorales. En primer lugar, la presencia del caso reubica la agenda: de demandas locales y programas a debates sobre ética, transparencia y seguridad institucional. Para candidatos como Villaverde —quien quedó vinculada mediáticamente por la asociación de su círculo con el entorno de Machado— la consecuencia inmediata fue la necesidad de dar explicaciones públicas, enfrentar pedidos de investigación y resistir el desgaste de la exposición mediática. En segundo lugar, para referentes provinciales como Facundo López y el oficialismo, la situación supone un dilema: desmentir contactos pasados sin aparecer como encubridores o, por el contrario, tomar distancia y perder apoyo de redes locales que operaban como micromecenas o articuladores.
Políticamente, las acusaciones generan al menos tres efectos medibles en la campaña: 1) Erosión de la legitimidad de candidatos asociados —incluso si las pruebas no alcanzan a demostrar vínculos directos—; 2) Polarización acelerada, porque los adversarios usan el caso para empañar listas completas; y 3) Fragmentación de apoyos locales, puesto que actores intermedios (asesores, aportantes, dirigentes territoriales) reevalúan adhesiones para evitar contaminaciones reputacionales. Estas dinámicas aparecen tanto en coberturas provinciales como en análisis de medios nacionales que siguen la causa.
Los actores políticos han adoptado estrategias previsibles: desmarcarse públicamente, exigir investigaciones judiciales y subrayar la separación entre contactos personales y financiamiento de campañas. Algunos candidatos han pedido que la Justicia actúe con rapidez y transparencia; otros han lanzado contraataques por “operaciones políticas”. El gobernador y referentes provinciales se han visto forzados a explicar reuniones pasadas o presuntos vínculos, alimentando un circuito de acusaciones cruzadas que registra la prensa. Todo esto, en plena campaña por diputados y senadores, genera ruido que compite directamente con propuestas programáticas.
Desde el punto de vista del electorado, la tensión se traduce en dos riesgos: la desmovilización de votantes desencantados con la política tradicional —que toman el escándalo como síntoma de corrupción generalizada— y el voto reactivo a favor de candidatos que prometen mano dura o “renovación”. En contextos provinciales donde las redes personales y los aportes locales pesan mucho, la sospecha sobre figuras como Machado puede volcar resultados por márgenes estrechos en distritos clave. Observadores electorales y analistas consultados por la prensa destacan que, en comicios ajustados, la agenda de la ética puede ser decisiva.