Presuntas coimas en Discapacidad: investigan a los Kovalivker y su red societaria vinculada a Suizo Argentina

La Justicia federal avanza en la investigación contra Jonathan y Emanuel Kovalivker, herederos del grupo farmacéutico Suizo Argentina, en el marco de la causa conocida como los “audios de Spagnuolo”. El expediente indaga sobre un presunto circuito de recaudación de fondos ilegales que involucraría a funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y a empresarios vinculados a la provisión de insumos para el área de Discapacidad.

El pasado 22 de agosto, la Policía Federal allanó domicilios de los Kovalivker en Nordelta, lo que expuso públicamente a la familia y destapó un entramado societario bajo la lupa judicial. Según un informe incorporado a la causa, Jonathan Kovalivker no solo es accionista principal de Suizo Argentina, sino que además figura en una red de al menos 49 sociedades registradas en la IGJ y relevadas en bases comerciales como Nosis.

Entre las firmas investigadas aparecen Log In Farma SRL, operador logístico habilitado por la ANMAT; RS Eventos SRL, creada en 2020 en Salta junto a su esposa María Ivonne Senac; SA JK S.A.S. / JK Helat LTH, en Mendoza; además de Unicred Securities SA, Unis Asesores de Riesgos SA, Il Cavallino SRL, LBA Farma y la aseguradora Green Ocean Trust Insurance. También se analiza el rol de la compañía RKN GROUP LLC, radicada en Florida y vinculada a Néstor Osvaldo Kovalivker.

El informe pericial resalta además un endeudamiento personal de $34,7 millones de Jonathan Kovalivker, con compromisos mensuales que superarían los $2,4 millones, y un marcado incremento en las consultas a su ficha comercial en los últimos meses. Estos movimientos podrían servir de base para que la fiscalía pida cruces de información bancaria y contractual.

La hipótesis judicial apunta a que parte del dinero de contratos públicos en salud y discapacidad habría circulado por empresas de logística, eventos y concesionarias, con posible derivación hacia circuitos internacionales.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron pericias sobre teléfonos, respaldos digitales y documentación contable. En paralelo, la ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante en el expediente, mientras las defensas cuestionan la validez de los audios que originaron el caso.

La causa permanece bajo secreto de sumario. La clave de la investigación será determinar si la extensa red empresarial del clan Kovalivker respondió a un esquema legal de diversificación patrimonial o si funcionó como una estructura de canalización de fondos ilícitos vinculados a la obra social de Discapacidad y otros contratos estatales.