Polémica en Neuquén por el proyecto de narcotest a políticos y jueces

La Legislatura de Neuquén avanzó con el dictamen del proyecto que obliga a funcionarios y magistrados a realizarse controles toxicológicos periódicos como condición para permanecer en el cargo, aunque no estuvo exento de polémicas. La primera voz crítica fue la de Julieta Ocampo (FIT-Unidad), quien planteó que nunca se convocó a profesionales de la salud durante el análisis de la iniciativa.

“¿Qué me importa si un funcionario se fumó un porro en su casa? Esto no va a solucionar los problemas de la política ni combatir el narcotráfico”, lanzó la legisladora en la comisión de Hacienda, y pidió respeto a sus pares cuando reaccionaron con risas a su intervención. Para Ocampo, la ley es “moralista”, dado que el consumo personal no está penalizado en la Argentina.

Los alcances del proyecto

El texto fija controles antidoping sorpresivos a integrantes de los tres poderes del Estado para detectar opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, MDA, benzodiacepinas, barbitúricos y otras sustancias que determine la autoridad de aplicación.

Los procedimientos contemplan un test rápido inicial y, en caso de resultado positivo, un examen toxicológico confirmado con posibilidad de contraprueba en otro laboratorio. Uno de los debates pendientes es si esta instancia deberá realizarse dentro de las 24 o 48 horas, dado que pasado ese tiempo las sustancias podrían no dejar rastros.

El resultado positivo habilitará mecanismos de sanción, lo que refuerza el carácter punitivo del proyecto. Aún resta definir, en la reglamentación, si los análisis estarán a cargo del sistema público de salud o de prestadores privados.

Argumentos a favor y en contra

Mientras que diputados como Francisco Lepore (Avanzar) y Marcelo Bermúdez (PRO) defendieron la medida al considerar que “si el resto de los trabajadores está sometido a estos tests, los funcionarios también deben estarlo”, desde el MPN se insistió en que la función pública exige mayores obligaciones.

“Los ciudadanos nos acusan de tener privilegios. A mayor responsabilidad, mayor obligación”, sostuvo el jefe del bloque oficialista, Ernesto Novoa.

En tanto, el radical César Gass expresó reparos sobre el alcance del texto final y cuestionó que se deje a criterio del Poder Ejecutivo la definición de la autoridad de aplicación.

Con el último despacho aprobado, el proyecto quedó listo para llegar al recinto la semana próxima, donde se anticipa un fuerte cruce de posturas.