REGIONAL | 19 AGO 2025

POLíTICA

ARCA aportó información fiscal clave en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero brindó perfiles fiscales de medio centenar de personas a pedido de la fiscalía de Delitos Económicos. Los datos alcanzaron a imputados, supuestos cabecillas y hasta funcionarios, aunque algunos no están acusados en la causa.




La investigación por la estafa con planes sociales en Neuquén incorporó un elemento central: los informes fiscales remitidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP. Durante el juicio oral, que ya lleva veinte audiencias, se conoció que el organismo aportó abundante información patrimonial y tributaria sobre alrededor de 50 personas que estuvieron bajo la lupa de la fiscalía de Delitos Económicos.

 

El jefe de la sección penal tributaria de ARCA, Leandro Exequiel Igleria Villa, declaró como testigo y explicó que los pedidos comenzaron en septiembre de 2022, un día después de los 11 allanamientos simultáneos que dieron inicio formal a la causa. Las primeras solicitudes apuntaron a quienes luego serían considerados cabecillas de la organización, como Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna, vinculados al denominado “Grupo Rivadavia”.

 

Con el avance de la investigación, los oficios se ampliaron a más sospechosos, entre ellos integrantes del “Grupo Anaya” y el abogado Alfredo Cury. El último pedido, remitido el 4 de abril de 2024, resultó el más exhaustivo: incluyó información sobre situación registral, declaraciones juradas, participaciones societarias, propiedades, automotores, cuentas bancarias, billeteras virtuales y transacciones económicas relevantes de los años 2015 a 2020.

 

En la extensa nómina aparecieron nombres de imputados como Soiza, Sánz, Alfredo Cury, Julio Arteaga, Orlando Abel Di Luca y Gesel Tarifeño, entre otros. También se pidió información sobre funcionarios municipales, incluido el intendente Mariano Gaido, aunque desde la fiscalía aclararon extraoficialmente que “no está imputado” y que la medida se tomó “para descartar cualquier indicio”.

 

Igleria Villa señaló que el organismo no realiza valoraciones sobre los datos recabados, sino que entrega capturas y reportes formales a la fiscalía. La información es considerada sensible, por lo que el funcionario debió ser relevado de su secreto profesional para exponer algunos detalles en audiencia pública.

 

El juicio continuará esta semana con nuevas declaraciones, mientras se reconstruye cómo funcionaba la red que manipulaba registros para defraudar al Estado a través de planes sociales.