Milei vuelve a patear la licitación y avanza otra prórroga mientras crecen las dudas sobre el negocio energético

A menos de dos semanas del vencimiento de las concesiones prorrogadas de las represas del Comahue, el gobierno nacional sigue sin publicar los pliegos para licitar el control de las cinco centrales hidroeléctricas claves de la región. Todo indica que se aprobará una nueva prórroga, estirando aún más un proceso cargado de hermetismo, tensiones con las provincias y sospechas sobre los intereses en juego. 

La situación se arrastra desde hace meses, y pese a las promesas oficiales, no hay fecha concreta ni condiciones claras sobre cómo se realizará la próxima licitación de las represas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Hoy están en manos de empresas privadas como Orazul Energy, AES Argentina, Central Puerto y ENEL, y el gobierno nacional parece más interesado en garantizar la continuidad de estas concesiones que en avanzar hacia un modelo con más control estatal o provincial.

Con el plazo prorrogado hasta el 11 de agosto y sin avances visibles, se espera que la semana próxima se oficialice una nueva prórroga, posiblemente hasta fines de noviembre. El Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas ya definieron en mayo los términos para la elaboración de los pliegos de un concurso público nacional e internacional, y habilitaron a ENARSA a contratar a una consultora privada para tasar los activos a concesionar por 30 años.

Desde las provincias, los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) presionan para que las nuevas concesiones incluyan una mejora real en las regalías —hoy calculadas sobre una base mínima—, y que se garantice la posibilidad de cobro en especie, además de activar el canon por uso del agua. Aunque hubo versiones de que se habilitaría un 1% de cobro para cada provincia en las represas compartidas, y un 2% para Neuquén en las ubicadas dentro de su territorio exclusivo, hasta el momento no hay definiciones oficiales.

Mientras tanto, el proceso avanza a oscuras, con versiones cruzadas y sin participación ciudadana. La licitación de estas represas no es un hecho menor: se trata de infraestructuras estratégicas, que controlan el flujo de energía eléctrica de gran parte del país. Sin embargo, el enfoque del gobierno libertario apunta nuevamente a priorizar el negocio antes que la soberanía energética, con el objetivo de hacer caja en el corto plazo. Según trascendió, la venta del paquete accionario podría significarle al Estado entre 400 y 500 millones de dólares antes de fin de año.

El modelo se repite: se posterga lo importante, se debilita el rol del Estado y se entrega el control de los recursos estratégicos a empresas privadas, muchas veces extranjeras. La historia energética del país vuelve a ponerse en pausa, pero los intereses en juego no descansan.