La fiscalía de Río Negro abrió una investigación penal contra el intendente de Allen, Marcelo Román (La Libertad Avanza), por el presunto delito de peculado, en una causa que también involucra al empresario de medios Horacio Sebastián Ocampo, acusado de usurpación de funciones públicas. La denuncia fue presentada por el Tribunal de Cuentas del municipio y motivó allanamientos recientes en propiedades del empresario.
Según la fiscal María Celeste Benatti, Román —también vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia— habría facilitado el acceso del empresario Ocampo a funciones propias del Ejecutivo municipal sin que existiera una designación formal, permitiéndole incluso el uso de un teléfono celular abonado por la Municipalidad.
La investigación —a la que accedió el diario RÍO NEGRO— se basa en la resolución de la Fiscalía N°4, que describe un período de presuntas irregularidades que abarca desde fines de 2023 hasta abril de 2025. Durante ese tiempo, Ocampo, dueño de Radio Terapia y de un sitio web afín a la gestión de Román, habría ejercido decisiones clave dentro del municipio: participación en reuniones de gabinete, injerencia en compras, contrataciones, y asignaciones presupuestarias.
La fiscalía considera que Román podría haber incurrido en peculado (art. 261 del Código Penal), al disponer de bienes públicos —como el celular oficial— en favor de un particular sin vínculo laboral con el Estado. En tanto, a Ocampo se lo investiga como partícipe del mismo delito y además por usurpación de autoridad (art. 246 inc. 1), figura que sanciona al que ejerce funciones públicas sin título habilitante.
El caso tomó mayor visibilidad luego de los allanamientos realizados el pasado jueves, que apuntaron a obtener documentación vinculada con las actividades del empresario y su relación con el municipio.
La denuncia fue firmada por Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen, junto al asesor letrado Ezequiel Martínez, y con el respaldo de Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y Facundo Jara Godoy.
El escrito detalla que Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio sin tener la facultad legal para ello”, y que su participación abarca decisiones administrativas, acceso a reuniones de gabinete y manejo de recursos públicos.
Además, el organismo de control señaló la existencia de una línea telefónica oficial asignada a Ocampo, el pago de honorarios mediante contrataciones de publicidad oficial a su radio, y una presunta triangulación de facturas a través de empleados de sus medios, lo que podría configurar una maniobra de desvío de fondos públicos.
El escándalo golpea a una figura clave del armado libertario en la provincia, donde Román no solo ocupa la intendencia de Allen, sino que también tiene peso en la estructura nacional del espacio que lidera el presidente Javier Milei.
Si bien la causa se encuentra en etapa preliminar, las pruebas recopiladas por la fiscalía —sumadas a los testimonios y documentación aportada por el Tribunal de Cuentas— ponen en jaque la continuidad del jefe comunal y abren un nuevo frente judicial para el partido oficialista.
Se espera que en los próximos días la fiscalía convoque a los involucrados a brindar declaración indagatoria, mientras avanza en el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos.