El Gobierno de la provincia de Neuquén informó que, en coordinación con Mendoza, se realizó el segundo censo interprovincial del cóndor andino, una acción considerada clave para conocer el estado poblacional de esta ave emblemática y amenazada. En esta edición, se registraron 33 cóndores en territorio neuquino, un número 43 % superior al detectado en Mendoza durante el mismo período.
La especie, considerada la mayor ave carroñera del mundo y fundamental para el equilibrio de diversos ecosistemas, se encuentra en peligro de extinción en Argentina, debido principalmente al uso de cebos tóxicos, pesticidas y la contaminación por plomo. En la Patagonia norte, la vigilancia poblacional es crucial, ya que permite ajustar políticas de conservación y detectar amenazas con mayor precisión.
El operativo fue desarrollado en 10 puestos de observación (PO) distribuidos entre la estepa y la cordillera neuquina, sumando un total de 60 horas de trabajo de campo, con condiciones climáticas en su mayoría favorables. El monitoreo se llevó a cabo en un mismo horario (entre las 13:30 y las 13:35) para garantizar que no se dupliquen registros de las mismas aves en vuelo.
Entre los resultados, se destacan los siguientes:
Se contabilizaron 33 cóndores en Neuquén, cifra superior a los observados en Mendoza.
De los 27 ejemplares analizados por edad, el 63 % eran adultos y el 37 % inmaduros, lo que refleja una estructura saludable de la población.
En total, se registraron 49 cóndores entre dormideros comunales y áreas de vuelo.
Los dormideros con mayores conteos fueron los del Observatorio de Cóndores (13 ejemplares) y la zona de Malleo (12).
La secretaria de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, subrayó la importancia del operativo:
“El cóndor andino no solo representa un símbolo cultural y natural de nuestro continente, sino que cumple un rol clave en el equilibrio ecológico de nuestros ecosistemas. Conservar esta especie es también preservar la salud ambiental de nuestras montañas y estepas”.
El censo fue realizado con participación de personal técnico del Gobierno neuquino y el CONICET, en lo que se considera un avance concreto hacia políticas públicas basadas en evidencia científica para la protección de la biodiversidad en la región andino-patagónica.