Fallo YPF: los fondos no buscan controlar la empresa, pero exigen garantías para cobrar la sentencia

Días atrás, el juicio por la expropiación de YPF dio un giro clave luego de que la Corte de Apelaciones suspendiera de forma preventiva la entrega del 51% de las acciones de la petrolera argentina a los fondos demandantes. Ahora, Burford Capital y los demás beneficiarios del fallo informaron que no están interesados en quedarse con el control de YPF, pero sí buscan asegurarse una garantía que respalde el eventual cobro de la sentencia.

Según precisó el analista Sebastián Maril, los fondos pidieron a la Corte que no rechace de plano la suspensión solicitada por Argentina, sino que remita el asunto al tribunal de distrito para que el Estado proponga una garantía alternativa o condiciones que eviten consecuencias irreversibles en caso de que pierda la apelación.

En el escrito presentado, los beneficiarios manifestaron que no desean que las acciones “se vuelvan irrecuperables en el (improbable) caso de que Argentina prevalezca”, ni tampoco buscan intervenir en la conducción de la compañía. En esa línea, expresaron su disposición a aceptar “condiciones razonables para garantizar que las transferencias puedan revertirse fácilmente”.

No obstante, dejaron claro que su principal interés es asegurarse el cobro de la sentencia, y que aceptarían una garantía alternativa si la Corte así lo establece. Advirtieron que una suspensión total e incondicional de la orden equivaldría a permitir que Argentina use la apelación como una vía para evadir su responsabilidad judicial.

Este planteo se produce en paralelo al respaldo que Argentina recibió del gobierno de Estados Unidos, que presentó un amicus curiae ante la Corte para apoyar la suspensión de la entrega de acciones. La postura norteamericana se suma a la de otros cuatro países —Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador— que ya habían manifestado su apoyo a la posición argentina.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ya había intervenido en el caso durante la presidencia de Donald Trump, cuando en 2019 la Corte Suprema pidió opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esta nueva etapa, su respaldo refuerza la estrategia de defensa argentina en un juicio que continúa teniendo implicancias económicas, diplomáticas y políticas de gran envergadura.