La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este lunes el pedido del Gobierno argentino para suspender la entrega de acciones de YPF a Burford Capital, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La magistrada consideró que la Argentina no cumplió con las condiciones previas que le habrían permitido acceder a una suspensión sin garantías y acusó al país de intentar “eludir sus obligaciones” con maniobras dilatorias.
El fallo, esperado por el Gobierno desde la semana pasada, se suma a una serie de reveses judiciales para el país en esta causa, donde ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por no haber realizado una oferta pública por el paquete accionario del grupo Petersen, tras la estatización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
“La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su orden de entrega de acciones, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones”, escribió Preska en su resolución.
Ante este escenario, el Gobierno ya apeló la orden ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y evalúa incluso recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Mientras tanto, corre riesgo de incurrir en desacato si no cumple con la entrega de las acciones, aunque ese paso dependerá de si los demandantes lo solicitan formalmente.
“La última vez que Argentina estuvo en desacato con una corte estadounidense fue durante el default. Hoy, con un país intentando integrarse al mundo, el impacto sería mucho mayor”, advirtió Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, quien sigue el caso desde sus inicios. Maril sugirió que “no es debilidad sentarse a negociar, sino todo lo contrario: es mostrar interés por resolver un problema”.
Además, este martes 15 de julio, se llevará a cabo una audiencia clave en la que Preska escuchará a las partes sobre la posibilidad de embargar activos de otras entidades estatales, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central. Los demandantes buscan argumentar que estas instituciones funcionan como "alter ego" del Estado argentino y, por lo tanto, sus bienes podrían ser alcanzados por el fallo.
El Gobierno enfrenta así una situación de alta complejidad legal y financiera: por un lado, intenta sostener su defensa en tribunales para evitar un traspaso de activos estratégicos, mientras por el otro busca ganar tiempo y preservar márgenes de negociación que le permitan evitar consecuencias irreversibles para el patrimonio nacional.
La batalla judicial por YPF, que parecía haber quedado en segundo plano, vuelve a tomar fuerza y pone al país ante uno de los desafíos más sensibles de su política exterior y financiera reciente.
