Un nuevo escándalo sacude al Gobierno de Javier Milei. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) confirmó que diez valijas ingresaron al país sin pasar controles aduaneros en un vuelo privado llegado desde Estados Unidos. El jet pertenece al empresario y ex agente de la SIDE Leonardo Scatturice, vinculado estrechamente al oficialismo, y trasladaba a la dirigente conservadora Laura Belén Arrieta, quien días después se fotografió con el propio presidente en un evento de la CPAC.
Pese a las desmentidas del vocero presidencial Manuel Adorni y de un comunicado oficial de la Aduana, las imágenes recabadas por la PIA desmienten al Gobierno y revelan que solo se declararon cinco valijas de las diez que realmente fueron descargadas del avión. Además, el informe fiscal plantea una hipótesis alarmante: podría haber existido una orden "de arriba" para que no se controle el equipaje.
El vuelo arribó el 26 de febrero al Aeroparque Jorge Newbery. La nave, un Bombardier de matrícula N18RU, pertenece a OCP TECH, empresa que opera en rubros tecnológicos y es vinculada a operaciones de lobby internacional entre Milei, Trump y la ultraderecha norteamericana. A bordo viajaban Arrieta —gerente de OCP TECH— y dos pilotos, uno de los cuales trabajó para el avión presidencial en la gestión anterior.
Este nuevo episodio ocurre tan solo 12 días después de que estallara el escándalo de la estafa LIBRA, una presunta inversión en criptomonedas promocionada directamente por Javier Milei en sus redes sociales oficiales. Miles de personas, tanto en Argentina como en el extranjero, perdieron todo su dinero tras ingresar al sistema engañadas por la legitimación presidencial. El Gobierno no ofreció respuestas ni asistencia a las víctimas, lo que aumentó las sospechas sobre una red de favores entre el poder político y negocios turbios con fachada libertaria.
El contenido de las valijas no está registrado ni escaneado. Entre las versiones que circularon, se habló de hardware para tareas de inteligencia, apuntando a la existencia de una estructura de espionaje paralela que funcionaría por fuera del control institucional, una suerte de "nueva SIDE" articulada desde el poder real.
La hipótesis no es descartada por la propia PIA, que señala “la omisión deliberada de controles aduaneros y migratorios” y deja abierta la posibilidad de que existiera una instrucción externa para permitir el ingreso sin fiscalización del polémico equipaje.
“Las valijas del poder no solo esconden ropa o tecnología: pueden esconder delitos, favores, secretos de Estado o dinero negro”, denunció el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien presentó pedidos de acceso a la información que fueron rechazados por el Ejecutivo. “Ocultaron todo para tapar un escándalo. Adorni y el Gobierno mintieron”, sentenció.
El dictamen de 60 páginas de la PIA, expone múltiples irregularidades en los registros oficiales, inconsistencias en la documentación del vuelo, y la completa ausencia de vigilancia estatal durante la semana que el avión permaneció en el hangar de Royal Class, una empresa con vínculos con servicios y figuras del poder económico.
Uno de los datos más explosivos: dos valijas pertenecerían a un pasajero que no ingresó al país, pero sí salió del mismo. La pista abre interrogantes sobre el uso del territorio nacional como plataforma de operaciones internacionales encubiertas.
El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la PIA, pidió ahora identificar a la agente aduanera que le dio el “ok” a Arrieta sin pasar por escáner y también relevó el movimiento de camionetas sospechosas, incluidas unidades presuntamente pertenecientes a la PSA y la Aduana.
“No hubo congestión ni caos en Aeroparque que justifique este trato diferencial. Fue una orden directa”, denunció una fuente judicial. En las cámaras de seguridad, se ve cómo Arrieta entrega su celular a una agente, recibe un gesto afirmativo y sigue su camino sin control.
Mientras el Gobierno insiste en negar el escándalo y ampararse en tecnicismos, los fiscales trabajan sobre la posible comisión de delitos de acción pública, encubrimiento agravado y violación de deberes de funcionario.
Con todo, la pregunta que aún no tiene respuesta es simple y letal:
¿Qué contenían realmente las valijas del poder?