REGIONAL | 3 JUL 2025
POLíTICA
Furia federal: gobernadores avanzan en el Congreso con leyes para frenar el ajuste de Milei
Tras el fracaso de las negociaciones con Economía, los mandatarios provinciales presentaron dos proyectos clave para el reparto automático de ATN y el manejo descentralizado de fideicomisos de obra pública. Neuquén y Río Negro entre los impulsores. La Casa Rosada enfrenta una ofensiva transversal que podría sortear incluso un eventual veto presidencial.
Buenos Aires. El enfrentamiento entre los gobernadores y el presidente Javier Milei escaló a su punto más alto tras el colapso de las negociaciones por el reparto de fondos públicos. Este miércoles por la noche, un amplio grupo de senadores de distintos espacios políticos —PJ, UCR, PRO y partidos provinciales— presentó dos proyectos de ley para redefinir el manejo de los ATN y los fideicomisos destinados a obra pública.
La ofensiva legislativa se formalizó en el Senado con respaldo transversal, y cuenta con adhesión de representantes de Neuquén y Río Negro. Las propuestas reflejan el hartazgo de los mandatarios provinciales ante la decisión del Ejecutivo de mantener el ajuste fiscal sin redistribuir recursos esenciales.
Qué proponen los proyectos: descentralizar y automatizar
El primer proyecto plantea que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyan automáticamente todos los días, con la misma lógica que la coparticipación federal, para evitar la actual discrecionalidad del Gobierno nacional. Hoy, esos fondos son repartidos a voluntad por la Casa Rosada, un mecanismo históricamente cuestionado por su uso político.
El segundo proyecto propone eliminar seis fideicomisos nacionales, entre ellos el de Infraestructura Hídrica, Transporte, Vialidad, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Nacional de la Vivienda. La idea de los gobernadores es que, dado que la Nación no está ejecutando obras con estos fondos, los mismos sean transferidos a las provincias, que sí podrían destinarlos a proyectos en curso.
Además, el texto impulsa cambios en la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y reformula el reparto de Bienes Personales, aumentando el porcentaje que queda en manos de las provincias.
Respaldo de Neuquén y Río Negro
Entre los firmantes figuran Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Osvaldo Llancafilo (MPN, alineado con Rolando Figueroa). Este último expresó que Neuquén recibe apenas el 1,7% de los fondos coparticipables pese a aportar el 4% al PBI nacional, y que actualmente la provincia recupera solo 51 de cada 100 pesos que aporta al sistema nacional.
Llancafilo justificó el apoyo en el retiro de Nación de políticas clave como el Incentivo Docente, el financiamiento de obras y programas sociales. “Es lógico que el gobierno provincial sea parte de un proyecto donde se busca mejorar los ingresos, debido a que Nación se ha retirado de ciertas prestaciones”, declaró.
Tensión máxima: veto sin efecto y mayoría posible
Los gobernadores se lanzaron a esta acción legislativa luego de dos frustradas reuniones con enviados del Ministerio de Economía, la última de ellas encabezada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El Gobierno solo ofreció distribuir una parte de los ATN y rechazó de plano ceder los fideicomisos.
La jugada de las provincias complica a la Casa Rosada, que si bien puede apelar al veto presidencial, se enfrentaría a una eventual mayoría calificada en ambas cámaras. La firma de referentes del oficialismo, la oposición dialoguista y los partidos provinciales indica un escenario de consenso político sin precedentes en contra del Gobierno nacional.
De acuerdo con estimaciones de fuentes parlamentarias, el volumen de recursos involucrado supera el billón de pesos, lo que representa una presión significativa sobre el superávit fiscal que busca sostener Javier Milei.
El trasfondo: ¿superávit real o apropiación indebida?
Los gobernadores cuestionan que el Gobierno utilice estos fondos de asignación específica para mejorar sus cuentas sin redistribuirlos. Argumentan que el superávit fiscal que muestra la Nación es "ficticio", ya que retiene recursos que, por ley, deberían ser transferidos a las provincias.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, se insiste en que el reparto debería incluir también la responsabilidad por las obras, un criterio que los mandatarios rechazan de plano.
El enfrentamiento reaviva el debate por el modelo fiscal federal y abre una pulseada política y jurídica que podría marcar un antes y un después en las relaciones entre el Gobierno nacional y los poderes provinciales.
