Cómo sigue el proceso en la cuestión YPF

La disputa internacional por la expropiación de YPF sumó este lunes 30 de junio un nuevo y explosivo capítulo judicial. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de la petrolera nacional a Burford Capital, el fondo buitre británico especializado en litigios internacionales, que lidera la demanda iniciada hace más de una década.

 

Casi en simultáneo, se conoció un segundo fallo que favorece al fondo Bainbridge, que exige el cobro de 95 millones de dólares más intereses por títulos en default. La decisión judicial representa un fuerte revés para el país y vuelve a colocar al Gobierno nacional ante un riesgo financiero inminente.

 

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Una causa que lleva más de 10 años

El conflicto comenzó con la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el entonces ministro de Economía Axel Kicillof lideró el proceso que recompensó a Repsol con 5.000 millones de dólares. El problema, según la justicia estadounidense, es que no se compensó al resto de los accionistas, lo cual constituye una mala praxis expropiatoria.

 

En 2023, Preska falló contra Argentina y ordenó pagar 16.000 millones de dólares. A esa cifra ya se le sumaron 1.000 millones en intereses. Este lunes, el conflicto escaló cuando la jueza exigió transferir el paquete accionario expropiado directamente a los demandantes.

 

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La estrategia del Gobierno: apelar y negociar

Desde el Gobierno de Javier Milei ya anunciaron que apelarán la medida, que el propio presidente calificó como “un fallo contra Kicillof”. La administración libertaria presentará un “stay” judicial, un recurso para suspender la aplicación del fallo mientras se tramita la apelación.

 

Sin embargo, la jueza Preska podría exigir como condición una garantía judicial cercana a los 10.000 millones de dólares, según explicó el especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. El año pasado, Argentina ya se negó a presentar ese tipo de garantías por falta de activos disponibles.

 

De no obtener una suspensión del fallo, el país entraría en una situación límite: pagar, negociar o caer en desacato. “Para no estar en desacato hay que acatar la orden: pagar o acordar. Pero sería ridículo ejecutar la entrega con la apelación pendiente”, señaló una fuente judicial al diario Infobae.

 

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Burford no quiere YPF, quiere cobrar

El objetivo de Burford Capital no es quedarse con YPF, sino cobrar la sentencia. En los pasillos judiciales circula que durante el gobierno de Mauricio Macri, el fondo habría estado dispuesto a aceptar una oferta cercana a los 4.000 millones de dólares. Hoy, con el fallo a su favor, la posición negociadora es mucho más fuerte.

 

“Están haciendo ruido, buscan presionar al gobierno de Milei para que se siente a negociar”, sostuvo una fuente conocedora de la estrategia legal del fondo. En paralelo, Burford impulsa otras demandas accesorias en el mismo tribunal para elevar el costo político y judicial del incumplimiento argentino.

 

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El futuro del caso: la Cámara y el Consejo de Mayo

La apelación a la Cámara de Nueva York ya está en camino. La expectativa es que la definición llegue recién en un año, con lo cual se abriría un largo período de indefinición judicial. En ese lapso, todo indica que las partes deberán negociar un acuerdo extrajudicial si quieren evitar un colapso financiero o una disputa internacional por activos embargables.

 

En este contexto, el Gobierno busca respaldo político en el Consejo de Mayo, que tendrá su primera reunión formal este martes con la presencia de Alfredo Cornejo, Carolina Losada y Cristian Ritondo como representantes políticos, además del ministro Federico Sturzenegger y el sindicalista Gerardo Martínez.

 

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Lo que está en juego

Este nuevo episodio judicial complica aún más la posición económica de la Argentina, en un momento de fragilidad fiscal, atraso salarial y caída del consumo interno. El fallo pone en jaque al principal activo estatal del país en un sector estratégico como la energía.

 

Mientras tanto, los especialistas advierten que el fallo de Preska no será el último movimiento judicial. Todavía queda pendiente la revisión de la apelación de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que busca revertir el fallo de fondo.

 

Así, mientras Argentina prepara su defensa judicial, la amenaza de embargos, nuevas demandas y presión política desde Nueva York crece día a día, y la pelea por YPF promete nuevos capítulos en los próximos meses.